El Gobierno provincial parece más preocupado por construir un relato sobre la emergencia climática que por prepararse para enfrentarla. Y hay razones concretas para decirlo.
En un spot difundido en redes sociales aparece el gobernador Leandro Zdero junto a funcionarios revisando mapas del Chaco, hablando de limpieza de cunetas y de futuras obras. Si el contexto no fuera tan serio, la escena resultaría casi una actuación. El problema es que la crisis que se viene no admite puestas en escena.
Desde hace meses, organismos nacionales e internacionales advierten sobre la posibilidad de eventos hídricos extremos asociados al fenómeno de El Niño. Frente a esas alertas, un gobierno que además dejó paralizadas decenas de obras de infraestructura ahora intenta transmitir una imagen de gestión con videos, cuando lo que hace falta es planificación.
La semana pasada convocaron, finalmente, a una reunión con intendentes. Fue a puertas cerradas. Si la situación es tan importante como dicen, ¿por qué impedir el acceso de la prensa? La próxima reunión será en Sáenz Peña y ahí habrá que decir algunas verdades incómodas: la Constitución provincial y el Código de Aguas establecen con claridad la responsabilidad del Estado Provincial ante los efectos nocivos de las aguas.
Pero el problema va más allá de una reunión. ¿Cómo se administra una emergencia hídrica si ni siquiera existe información confiable sobre las precipitaciones en buena parte de la provincia? Hoy esos registros no los toma la autoridad de aplicación, la Administración Provincial del Agua, sino comisarías y destacamentos policiales.
Hubo casos en los que se informaron cero milímetros después de lluvias de 150, simplemente porque el pluviómetro estaba roto y nadie lo había reemplazado. En Machagai decidimos comprar uno para contar con mediciones propias. Con una inversión cercana a los treinta millones de pesos podrían instalarse alrededor de cien equipos digitales en toda la provincia.
El diagnóstico es preocupante: faltan datos sobre las lluvias, sobre las cotas de los ríos y sobre el comportamiento de las cuencas cuando el agua atraviesa los campos. Y la APA, que debería liderar esa tarea, hoy carece de recursos, infraestructura y maquinaria suficientes para prevenir y responder como corresponde.
Las soluciones de fondo:
Hay mucho por hacer para prepararnos tanto para las inundaciones como para las futuras sequías. El primer paso es fortalecer de verdad la Administración Provincial del Agua. También deberíamos impulsar consorcios canaleros, como ocurre en Córdoba, para gestionar el agua, mantener los canales rurales y reducir el riesgo de inundaciones.
Pero la prioridad inmediata es otra: sentar en una misma mesa a todos los ministerios, la APA, Defensa Civil y los municipios para elaborar un plan de contingencia serio, con escenarios incluso extremos.
Eso implica identificar las zonas más vulnerables, preparar establecimientos para evacuaciones, organizar dispositivos sanitarios para prevenir enfermedades como el dengue y el cólera, garantizar el tratamiento del agua, trabajar campañas de prevención en las escuelas con mapas de evacuación y protocolos claros, asegurar la distribución de suministros de emergencia y coordinar operativos de seguridad para proteger las viviendas que deban quedar desocupadas.
Cuando se acerca una emergencia climática, la diferencia entre la previsión y la improvisación puede medirse en vidas, patrimonio y tiempo de recuperación. Por eso hace falta menos puesta en escena y más trabajo antes de que llegue el agua.
