El ala política del gobierno suma tensiones con Caputo, que se niega a desactivar los ajustes a discapacitados.
Martín Menem planea convocar a una sesión para el 21 de octubre con el objetivo de aprobar el dictamen de Discapacidad que acordó con el radicalismo, el PRO y el MID, por temor a que el Papa León convierta su visita al Cottolengo Don Orione en un mensaje pésimo para el gobierno.
Ese proyecto fue el atajo que se le ocurrió al riojano para obturar la emergencia en discapacidad que promovía la oposición, tal como informó LPO. Pero, además, estuvo a punto de trizarse un día después de la presentación del Presupuesto 2027 que envió Luis “Toto” Caputo al Congreso, con un ajuste brutal en las partidas para los beneficiarios de pensiones y el sistema de prestaciones.
La llegada del Sumo Pontífice amenaza al gobierno con una manifestación popular que trascienda las banderas políticas, como sucedió con la consigna de la sábana que los amigos de Thiago Almada pintaron sobre Malvinas para que Gio Lo Celso la extendiera en el césped de la cancha después de la semifinal de Argentina con Inglaterra durante el Mundial. Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios aspiran a contar, al menos, con la media sanción de un proyecto que tape el recorte que diseñó el ministro de Economía.
El peronismo critica el dictamen de Menem y los dialoguistas. Objeta que promueve el fin de la emergencia, separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso y vuelve al paradigma anterior a la ley 27793 de 1998. “Consolida dos pensiones distintas, por invalidez laboral y por discapacidad; la compatibilidad con el empleo alcanza sólo a quienes ‘posean CUD’ y los titulares por invalidez laboral quedan sin esa garantía; y excluye de la pensión no contributiva por discapacidad a los titulares por invalidez laboral”, explican en el bloque de UP.
Toto Caputo desautoriza a Menem y bloquea el proyecto de discapacidad que acordó con los aliados
En sintonía con los familiares de personas con discapacidad alertan también que el dictamen de Menem no garantiza las prestaciones básicas de rehabilitación, centros de día, hogares, transporte o apoyo educativo. “Reemplaza eso por el ‘programa básico de salud’ de Incluir Salud, creado por una resolución ministerial, ‘o el programa que en el futuro lo reemplace'”, dicen, y agregan que “el contenido del derecho queda en manos del Ejecutivo, que puede sustituir el programa por otro menor y cumplir igual la ley”.
El padrón de Incluir Salud cayó de 997.842 afiliados, computados en enero 2024, a 714.303, registrados en marzo 2026, y el Presupuesto 2027 planifica una tasa de cobertura del 62%. Frente a ese escenario, el proyecto del oficialismo postula en su artículo 1° el concepto de “sostenibilidad fiscal”, un anticipo sobre la limitación del derecho antes que su consagración.
Pero Menem necesita hacer ese gesto ante los radicales y el macrismo, para hacer equilibrio entre el dogmatismo de Caputo y la mitigación del impacto político por el maltrato sistemático del gobierno a los discapacitados. “Los libertarios tienen que hacer algo para disimular antes que venga el Papa”, dijo uno de los radicales a LPO.
La jugada del riojano incluye la incorporación al temario de la restitución de la ley de tierras, una iniciativa que empezaría a concretarse en un plenario de comisiones del próximo miércoles para que el oficialismo meta un capítulo que reponga la norma del 2011 en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ese proyecto llegó a la Cámara Baja con media sanción del Senado, pero el interbloque de José Mayans y los aliados del gobierno extirparon el fragmento de la extranjerización.
Después del fallo de la Corte Suprema que impugnó a los ex combatientes de Malvinas que lograron una cautelar para proteger la ley de tierras, la Casa Rosada entró en pánico ante la chance que Diputados derogue el mega decreto. Desde entonces, empezó a masticar con rabia la posibilidad de reimpulsar la ley de Cristina Kirchner para limitar la compra de lotes por parte de extranjeros.
De hecho, Gabriel Bornoroni, Bertie Benegas Lynch, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado escucharon de boca de los diputados aliados que la oposición podía voltear el DNU 70/23, si no se reponía la vigencia de la ley de tierras, y Menem mandó a convocar un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General un día antes que la sesión pedida por sus adversarios contra el decreto.
Hasta Raúl Jalil habilitó a los tres diputados de Elijo Catamarca para que den quórum contra el decreto el próximo jueves. El líder de esa reducida bancada, Sebastián Nóblega, anunció por El Esquiú que acompañará la iniciativa opositora junto a sus colegas Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. “Tenemos una postura firme en defensa de la no extranjerización de las tierras”, dijo, y también señaló que buscarán que la ley del 2011 “siga vigente”.
El pronunciamiento de los catamarqueños llamó la atención porque su gobernador participó de la comitiva que viajó a París con el Presidente, para el evento “Argentina Week”. Cerca de Jalil, deslizaron que esos legisladores “ya no están colaborando con el gobierno nacional”, y hasta pretendieron que el jefe provincial no tendría responsabilidad en la decisión de los tres legisladores que sacó de la bancada de UP para jugar sus votos según su conveniencia en la relación con Milei.
Al cierre de esta nota, el peronismo contaba más de una decena de indecisos. El radical Pablo Juliano se quejó por Twitter: “Reculan en chancletas: hoy los libertarios llamaron a dictaminar el miércoles 14 la ley de Propiedad Privada para incluir límites a la venta de tierras a extranjeros. Convicciones nulas”, posteó.
