La Fiscalía cerró la investigación por las millonarias contrataciones de la ATP horas antes de que su titular debiera dar explicaciones en la Legislatura. Después, el oficialismo se retiró del recinto y la interpelación fracasó por falta de quórum. La sucesión de hechos vuelve a poner bajo sospecha la independencia judicial en Chaco.
La Justicia chaqueña vuelve a quedar en el centro de la polémica. El Equipo Fiscal N° 13, a cargo de Víctor Osvaldo Recio, archivó la denuncia por las contrataciones de la Administración Tributaria Provincial (ATP), que incluyen una consultoría de $1.887 millones y un concurso por más de $30.000 millones impulsado durante el gobierno de Leandro Zdero.
La resolución fue firmada el lunes 26 de octubre y notificada a los denunciantes menos de 24 horas antes de la interpelación prevista para el miércoles 28. Ese mismo día, el oficialismo abandonó el recinto legislativo y la sesión especial en la que debía responder la titular de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, terminó frustrada.
Millones en consultorías y empresas vinculadas al presidente de River
La denuncia había sido presentada por los diputados justicialistas Santiago Pérez Pons, Sebastián Benítez Molas y Nicolás Slimel. Cuestionaron una contratación realizada a través de ECOM Chaco en diciembre de 2025 y el posterior Concurso Público N° 01/2026, destinado a modernizar los sistemas tributarios de la provincia durante cuatro años.
Entre las empresas que llegaron a la etapa final del concurso aparecen ATTI S.A. y ATS Sistemas y Gestión S.A., ambas con antecedentes societarios vinculados a Stefano Di Carlo, presidente de River Plate. Una de las principales sospechas planteadas por los denunciantes fue que una firma participante del diagnóstico inicial también compitiera por el contrato posterior.
Las ofertas superaron los $31.000 millones, aunque el concurso todavía estaba sin adjudicar según la documentación examinada por la Fiscalía.
El fiscal Recio consideró que los hechos investigados carecían de elementos suficientes para configurar delitos y dispuso el archivo de la causa. La decisión despertó cuestionamientos por su cercanía con la interpelación legislativa.
La Justicia cerró la causa y el oficialismo dejó sin respuestas a la Legislatura
Pérez Pons cuestionó la oportunidad de la resolución y expresó sus sospechas sobre posibles presiones políticas. El diputado reclamó explicaciones sobre los trabajos realizados, los pagos efectuados y los criterios utilizados para avanzar con una contratación de semejante magnitud.
La situación se agravó el miércoles, cuando los diputados oficialistas se retiraron del recinto después de una discusión sobre el temario. La posterior sesión especial para interpelar a Kuncheff tampoco reunió el quórum necesario.
¿Por qué una denuncia de esta magnitud se archiva justo antes de la interpelación y, horas después, los representantes del Gobierno se retiran del recinto?
La coincidencia temporal alimenta las sospechas de la oposición, aunque hasta ahora no se ha demostrado que existiera una coordinación entre la Fiscalía y el oficialismo. La decisión judicial cerró la investigación penal, mientras sigue pendiente el debate sobre el costo, la conveniencia y los resultados de las contrataciones.
En una provincia donde el Gobierno insiste en la necesidad de administrar con austeridad, resulta imprescindible explicar por qué se destinaron casi $1.900 millones a un diagnóstico y se proyectó otro contrato superior a los $30.000 millones.
La Fiscalía dio por terminado el expediente y la Legislatura perdió la oportunidad de exigir explicaciones. El gobierno de Zdero sigue debiéndoles respuestas a los chaqueños. Y la Justicia tiene por delante una tarea fundamental, demostrar con sus decisiones que puede investigar al poder con verdadera independencia.
