El ex vicepresidente de Evo Morales está imputado junto al ex mandatario por asesinato, torturas y otros delitos vinculados con un operativo policial realizado en 2009 en Santa Cruz
El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera confirmó este jueves que obtuvo asilo político en México, un día después de ser citado a declarar ante la Fiscalía boliviana en el marco del denominado Caso Terrorismo.
García Linera, quien fue imputado junto al expresidente Evo Morales por los delitos de asesinato, torturas y privación de libertad, reconoció que viajó desde Argentina, país al que había partido el 31 de octubre por compromisos académicos. “Estoy en México y tengo asilo político en México”, señaló, sin brindar mayores precisiones sobre el trámite. Las autoridades mexicanas no se pronunciaron al respecto hasta el momento.
Se trata de la segunda vez que el exmandatario recibe este estatus por parte de México. La primera ocurrió el 12 de noviembre de 2019, cuando tanto él como Morales llegaron a territorio mexicano tras renunciar dos días antes, en medio de la crisis política desatada por las elecciones generales de ese año.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, explicó que García Linera había sido convocado a declarar la tarde del miércoles, pero no se presentó. “Se le citó ayer en horas de la tarde pero no se encontró. Entonces, se están haciendo las pesquisas correspondientes”, indicó el funcionario, quien adelantó además que se dispuso una citación similar para Morales.
Morales calificó de “cobarde” la actitud de García Linera, quien fue su segundo al mando entre 2006 y 2019. “No soy culpable, hemos defendido la unidad del territorio nacional. Lamento mucho que algunos, como Álvaro, se escapa cobardemente. Aquí hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la patria, estamos con el pueblo”, expresó en su programa radial.
La causa se reactivó luego de que la fuerza opositora Libre presentara en octubre una acusación ante el Ministerio Público para iniciar un juicio de responsabilidades contra ambos dirigentes, a quienes atribuye “ejecuciones sumarias” y posteriores “detenciones ilegales” y “torturas”. El expediente avanzó después de que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia habilitara la actuación fiscal la semana anterior.
El origen del proceso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando agentes policiales ingresaron al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, y mataron a tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, además de detener al croata-boliviano Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó. Morales se hallaba entonces de viaje en Venezuela y admitió haber ordenado el operativo, mientras García Linera ejercía la presidencia de forma interina.
El Gobierno de ese momento sostuvo que el grupo detenido integraba una célula terrorista que planeaba separar a Santa Cruz del resto de Bolivia y atentar contra el propio mandatario, versión que los implicados rechazaron al denunciar motivaciones políticas orientadas a silenciar a sus opositores en esa ciudad. Tadic y Tóásó fueron condenados en 2015 a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado. Tras cumplir sus penas, abandonaron el país y presentaron el caso ante organismos internacionales mediante denuncias contra el Estado boliviano.
El expediente permaneció cerrado desde 2020, cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez retiró los cargos que pesaban sobre los procesados. Dos años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que concluyó que Bolivia era responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal y las garantías judiciales de 39 personas afectadas por el proceso.
(Con información de EFE y EP)
