Según relató Bill Foster, en las conversaciones técnicas la reacción de los representantes de la compañía fue un “sí, claro que podemos hacerlo”
Representantes de Nvidia le dijeron en privado al congresista demócrata de Illinois Bill Foster que la empresa podría cumplir las medidas anticontrabando de la Ley de Seguridad de Chips, que obligaría a verificar dónde están sus procesadores. Foster lo contó a MIT Technology Review. Una asociación del sector había calificado esas medidas de potencialmente inviables.
Foster integra el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes y es copatrocinador del proyecto. Según relató, en las conversaciones técnicas la reacción de los representantes de Nvidia fue un “sí, claro que podemos hacerlo”. Aclaró que “nunca pusieron nada por escrito”.
Nvidia no respondió a los pedidos de comentarios ni confirmó la versión del legislador. Foster dijo que no preguntó por qué la empresa no adopta de forma voluntaria herramientas de rastreo si es técnicamente posible.
Dos posiciones que no coinciden
La ley se presentó en mayo de 2025. Sus autores sostuvieron entonces que la tecnología necesaria ya existía, algo que Nvidia nunca confirmó en público. En marzo de 2026, la Asociación de la Industria de Semiconductores, de la que Nvidia es miembro, se opuso al proyecto y escribió que los requisitos eran “nuevos, no probados y potencialmente inviables”.
El texto exige un mecanismo para conocer la ubicación de los chips. Admite inspecciones de las instalaciones, declaraciones juradas de las empresas o sistemas de señal, en los que el procesador envía su posición cuando se conecta. Esta última opción es la más difícil de eludir, según MIT Technology Review.
En septiembre, el Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes concluyó que el sistema de señal era también la alternativa más económica, según el mismo medio.
Otros productos de Nvidia apuntan en esa dirección. En diciembre de 2025 la empresa presentó Fleet Intelligence, una herramienta para que los clientes vigilen el rendimiento de sus chips en distintos centros de datos. Nvidia confirmó a Reuters que podía indicar en qué país estaban, pero no dijo si serviría contra el contrabando.
A principios de octubre, consultada por MIT Technology Review, la empresa evitó responder y envió un comunicado: las autoridades y los medios habían hallado una desviación “insignificante” de productos estadounidenses controlados, “una gota en el océano” frente a la capacidad que China ya tiene.
El caso Megaspeed reactivó el debate
El tema recobró fuerza tras la renuncia, el 12 de noviembre, del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, después de informes sobre su relación con Alice Huang (sin parentesco), directiva de Megaspeed. Esa empresa de Singapur es cliente de Nvidia y está bajo investigación penal en Estados Unidos por presunto contrabando de chips a China, según NBC News.
Megaspeed afirmó el jueves que cooperará con las autoridades estadounidenses y que cumple con las leyes de control de exportaciones. The New York Times informó que una investigación del Departamento de Comercio sobre la firma pasó al Departamento de Justicia después de que un alto ejecutivo de Nvidia contactó a funcionarios de Comercio.
La Ley de Seguridad de Chips es una de tres iniciativas sobre seguridad de chips que el Senado evalúa incluir en la ley anual de presupuesto de defensa. Foster dijo que el escándalo aumentó el apoyo de sus colegas: habrá “mucha presión política” sobre las empresas para validar bien la ubicación geográfica de los chips.
El sistema tiene un límite. Si se aprueba, solo permitiría saber dónde están los procesadores, no desactivarlos si se descubre que fueron desviados.
Foster anunció que presentará el año próximo una propuesta más estricta: exigiría licencias para operar procesadores avanzados, y cada uno tendría que verificar su licencia antes de conectarse.
