La Justicia investiga si se presentó un documento trucho para celebrar una boda en un área protegida de Cafayate.
Un casamiento que se volvió viral desató una fuerte polémica cuando el gobierno de Salta denunció la falsificación del documento que supuestamente autorizó la realización del evento en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada en la región de Cafayate.
El escándalo comenzó cuando circularon las imágenes del predio intervenido para la celebración. Las fotos, compartidas por la pareja, Nicole Pocoví y Federico Maran en Instagram, mostraron la boda -celebrada el 23 de marzo- en un espacio que, según la Municipalidad de Cafayate, no contaba con los permisos correspondientes.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, que depende del Ministerio de Producción y Minería, intervino tras detectar “la circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado” en la ruta nacional 68. El organismo constató que el permiso presentado “no fue emitido por el organismo competente”.
Por este motivo, las autoridades presentaron una denuncia penal “a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”, según citó Clarín.

La denuncia apunta directamente contra Lucía Grajales Soriano, quien en redes sociales dijo ser la propietaria de una vivienda en el lugar y aseguró que el evento fue una boda familiar. La Secretaría de Ambiente, a cargo de Alejandro Andazábal, la acusó por la “presunta adulteración” de la firma del funcionario en la documentación presentada como aval.
“No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Andazábal en declaraciones a medios salteños.
La situación se agravó cuando la Municipalidad de Cafayate denunció que la actividad no tenía los permisos requeridos. “Se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación”, advirtió el municipio en un comunicado.

El Gobierno provincial recordó que las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normas exigen que cualquier “intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”.
Además, remarcaron que las autorizaciones “solo tienen validez si son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico”. La Secretaría de Ambiente enfatizó que no emite “permisos mediante documentos informales ni mediante firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales”.

La causa judicial y el futuro del caso
La causa quedó en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien investiga “un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido y cuya autenticidad se encuentra en duda”.
El Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) y la Unidad Fiscal Contravencional también intervienen para determinar si hubo infracciones penales o contravencionales por la realización del evento sin la autorización administrativa exigida.
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“Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental”, detalló el MPFS.
La Quebrada de las Conchas forma parte de la ruta escénica que recorre unos 80 kilómetros serpenteando los valles Calchaquíes en la región de Cafayate. Es un área de alto valor ambiental y turístico, protegida por estrictas normativas para evitar daños en su ecosistema.
