El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la prepaga reintegrar el costo del servicio bajo amenaza de multa de $50.000 por día de incumplimiento. La Ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad establece que las obras sociales deben cubrir las prestaciones educativas orientadas a la enseñanza y el aprendizaje de personas con discapacidad.