En diálogo con Radio Libertad, el juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli, Gonzalo García Veritá, analizó la reciente Ley 27.801 que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. El magistrado desmintió mitos sobre el delito adolescente en la provincia y cuestionó el uso del encierro como principal política de Estado.
Desde el 5 de septiembre rige en Argentina la Ley 27.801 , que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y baja de 16 a 14 años la edad de punibilidad . La norma reemplazó el esquema que estaba vigente desde 1980 y establece un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Pero, según explicó Gonzalo García Veritá , juez del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Juan José Castelli, el cambio no se limita a la edad.
En diálogo con Radio Libertad , el magistrado remarcó que existen dos ampliaciones centrales : por un lado, ahora los adolescentes pueden ser alcanzados por el sistema penal desde los 14 años y, por otro, la nueva normativa extiende la persecución penal a todos los delitos contemplados en el Código Penal , y no solamente a los considerados más graves. “Es una doble ampliación: una ampliación por edad y otra por materia”, explicó García Veritá.
Qué cambia con la nueva Ley 27.801
Antes de la entrada en vigencia de la reforma, Argentina contaba con un régimen de responsabilidad penal adolescente establecido por las leyes 22.278 y 22.803, sancionadas durante la última dictadura militar.
El juez aclaró que sí existía un sistema penal juvenil antes de la nueva ley , aunque se trataba de una normativa muy breve y antigua. La Ley 27.801, en cambio, establece un régimen discutido y aprobado por el Congreso Nacional y modifica sustancialmente el alcance del sistema. El primer cambio es conocido: los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser responsabilizados penalmente .
Pero García Veritá hizo hincapié en un segundo aspecto que, a su entender, suele quedar relegado del debate público: ya no se limita la intervención penal a los delitos más graves . Hasta ahora, el régimen estaba orientado fundamentalmente hacia hechos como robos agravados, homicidios y lesiones gravísimas , entre otros delitos con penas elevadas. “Ahora los delitos son todos”, señaló el magistrado.
Para García Veritá, esta ampliación tiene una consecuencia concreta: supone utilizar el derecho penal como primera herramienta de política pública frente a determinados conflictos sociales protagonizados por adolescentes . “Esto significa criminalizar a un momento, a una franja de edad donde las personas estamos aprendiendo a convivir en sociedad”, sostuvo.
“No es lo mismo la deliberación de un adulto que la de un adolescente”
El juez chaqueño sostuvo que la discusión sobre la responsabilidad penal adolescente no puede desconocer las particularidades propias de esa etapa de la vida. En ese sentido, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya señaló que no es equivalente la capacidad de deliberación de una persona adulta frente a una norma que la de un adolescente.
Según explicó, durante la adolescencia se encuentran en desarrollo los procesos de incorporación de las reglas de convivencia social . García Veritá aclaró que reconocer esta diferencia no significa justificar los delitos ni desconocer el sufrimiento de las víctimas .
Por el contrario, afirmó que el desafío de la Justicia es lograr que quien cometió un delito no vuelva a hacerlo. “Queremos que no vuelvan a hacerlo. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro trabajo.”
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando García Veritá planteó una pregunta directamente a la comunidad. Propuso imaginar el caso de un adolescente que roba un celular en la peatonal de Resistencia y preguntarse qué medida podría prevenir de manera más efectiva que vuelva a delinquir. “¿Qué consideran que tendrían que decidir para mejorar la prevención a futuro?”, preguntó.
Y planteó dos alternativas: que ese adolescente vuelva a la escuela, al club y reciba herramientas de políticas públicas, o que vaya a un centro de detención . Para el magistrado, la respuesta debería apuntar al acompañamiento y la inclusión. La pregunta cobra relevancia porque, según los datos que mencionó durante la entrevista, los delitos contra la propiedad representan la mayoría de las investigaciones penales que involucran a adolescentes en Chaco .
El 58,3% de las causas involucró delitos contra la propiedad
García Veritá citó estadísticas sistematizadas por UNICEF correspondientes a 2024 para dimensionar el fenómeno en la provincia. Según esos datos, hubo 162 adolescentes vinculados a investigaciones penales en Chaco , relacionados con 168 causas.
De ese universo, el 58,3% estuvo vinculado a delitos contra la propiedad . El dato incluye casos registrados tanto en el área metropolitana de Resistencia como en Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades del territorio provincial.
Para el juez, las cifras permiten poner en perspectiva la dimensión del fenómeno y pensar qué tipo de políticas de prevención pueden ser más efectivas. “Me parece que el desafío es poder pensarnos en políticas públicas verdaderamente preventivas”, sostuvo.
Durante la entrevista, García Veritá también rechazó una afirmación que, según señaló, suele aparecer en el debate público: que existe una supuesta “puerta giratoria penal juvenil” en la provincia. “Eso no existe, definitivamente no existe”, afirmó.
El magistrado sostuvo que los jueces especializados trabajan sobre los casos y adoptan medidas destinadas a evitar que los adolescentes reincidan. El objetivo, explicó, es que puedan reflexionar sobre lo ocurrido, reparar el daño cuando corresponda y reconstruir sus vínculos sociales . “¿Qué socialización puede recibir un adolescente en la cárcel?”, planteó. Y puso todavía más énfasis en la edad que ahora queda alcanzada por la normativa: “¿Qué aprende un adolescente de 14 años en una cárcel?”
Chaco ya cuenta con jueces especializados
Otro de los puntos que García Veritá quiso destacar es que Chaco cuenta con una estructura especializada en materia de niñez, adolescencia y familia . Según precisó, de los 18 jueces de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, 13 cumplen funciones como jueces penales juveniles .
El magistrado consideró que esto demuestra que la provincia ya posee un despliegue territorial importante en materia de Justicia Penal Juvenil . Además, señaló que UNICEF Argentina destacó la especialización de la estructura chaqueña.
En cuanto a los espacios de alojamiento, Chaco cuenta con el Centro Socioeducativo Aldea Tres Orquetas , dependiente del Poder Ejecutivo provincial, destinado al cumplimiento de medidas que impliquen el alojamiento de adolescentes.
Cómo funciona el sistema penal juvenil en Chaco
García Veritá explicó que la nueva Ley 27.801 es una ley federal , que establece fundamentalmente “el qué”: a quiénes alcanza y qué delitos quedan comprendidos.
El procedimiento concreto, en cambio, depende de las normas procesales de cada provincia. En Chaco, el sistema ya cuenta desde 2019 con una normativa procesal penal específica para adolescentes , que establece las distintas etapas y garantías del proceso.
Entre ellas se encuentra el derecho a contar con defensor especializado, fiscal especializado y juez especializado . Por eso, según el magistrado, la provincia no necesitó realizar una transformación profunda de su procedimiento para adaptarse a la nueva normativa nacional.
Qué ocurre cuando un adolescente comete un delito
Ante un hecho atribuido a un adolescente, los jueces penales juveniles pueden disponer medidas de manera inmediata . Luego interviene el equipo interdisciplinario del Poder Judicial, que trabaja desde distintas áreas profesionales.
García Veritá mencionó la participación de especialistas en psicología, trabajo social, psicopedagogía y medicina , entre otras disciplinas. El objetivo es evaluar integralmente la situación del adolescente y aportar elementos para determinar cuál es la medida de contención más adecuada.
Entre las respuestas posibles aparecen medidas relacionadas con la escolarización, tratamientos terapéuticos y abordajes vinculados al consumo problemático , cuando corresponde.
El derecho penal como última herramienta
Para el juez chaqueño, la discusión de fondo pasa por definir qué respuesta quiere dar el Estado frente a un adolescente que comete un delito. Reconoció que las víctimas tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación , y sostuvo que esos derechos deben ser garantizados.
Pero consideró que eso no implica necesariamente que la única respuesta posible sea la privación de libertad. “El ejercicio del derecho penal en adolescentes es un ejercicio del segmento más violento del Estado”, afirmó.
Por eso, planteó que el Estado debe estar presente antes, durante y después de una situación de conflicto, garantizando el acceso a educación, salud, contención y otras políticas públicas .
El objetivo, según su perspectiva, es que el adolescente pueda comprender que el delito no constituye una forma válida de vincularse con la sociedad y tenga herramientas concretas para construir una trayectoria diferente.
Una ley nacional frente a realidades provinciales diferentes
García Veritá también cuestionó que la nueva normativa pueda no contemplar las particularidades de cada provincia.
En el caso de Chaco, sostuvo que existe una estructura de Justicia Penal Juvenil con jueces especializados y presencia territorial , además de un procedimiento provincial vigente desde 2019.
Por eso, consideró que la nueva ley nacional parece haber sido diseñada pensando en dinámicas sociales diferentes a las que se viven en algunas jurisdicciones , entre ellas Chaco.
La implementación de la Ley 27.801 abrirá ahora una nueva etapa para el sistema penal juvenil argentino. En la provincia, el desafío será aplicar el nuevo régimen nacional dentro de una estructura que ya cuenta con herramientas específicas y, al mismo tiempo, responder a una pregunta que García Veritá dejó planteada durante la entrevista: qué medidas pueden prevenir realmente que un adolescente vuelva a delinquir .
