Algunas consideraciones sobre la ampliación de denuncia contra la falsa médica (y ahora también contra el gobierno anterior) que hoy anunciaron los diputados radical-libertarios.
Al parecer “descubrieron” que Lidia Mabel Ojeda había empezado a laburar en hospitales en 2023 y por eso van a cargar contra la exministra Carolina Centeno.
El argumento choca con la explicación del exjefe de la Región Sanitaria II, Orlando Di Núbila, y la del propio ministro de Salud: Ojeda pertenecía a la categoría de “médicos golondrina”, que trabajan directamente con los hospitales sin que el Ministerio intervenga administrativamente; los contactan por fuera del sistema y les pagan cash por cubrir guardias. Por eso el ministro Sergio Rodríguez dijo que no sabía nada. Entonces, ¿por qué debería saberlo la exministra?
Para que un médico o enfermero suscriba un contrato de servicio (u otra figura similar) con el Ministerio, el aspirante tiene que presentar su título y antecedentes, e incluso tener un seguro de riesgo: todo eso se guarda en su legajo y está digitalizado. El problema con la falsa médica es justamente lo que contó Di Núbila: con los “médicos golondrina” no hay contratos. El único que sabe de dónde salieron es el director del hospital, que hace un arreglo informal con el prestador
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En una estructura de la magnitud del sistema sanitario provincial, con decenas de miles de agentes, el riesgo de que se produzcan irregularidades siempre existe. No sólo puede haber falsos médicos; también hubo médicos matriculados denunciados por abuso sexual, y hace poco, en uno de los hospitales más prestigiosos del país, el Italiano, se descubrió una red de robo de medicamentos.
En la práctica, un reporte iniciado por el director de un hospital tiene que pasar por el director de su región sanitaria, el director general, el subsecretario de Salud, y recién entonces llega al ministro, siempre y cuando el reporte exista. A veces la velocidad de los rumores -o un escándalo público como el de la falsa médica- es más efectiva que todo el andamiaje burocrático. Y allí radica la gravedad de la actitud adoptada por los diputados del oficialismo, que afirman que ellos “se hacen cargo de las cosas”.
Primero, sabían del caso de la falsa médica al menos desde diciembre del año pasado, cuando fue denunciada por el hijo de un paciente fallecido durante una guardia. Segundo, en lugar de premiar a Di Núbila, lo echaron por ventilar el escándalo. Y tercero y más importante que todo lo demás: en ningún momento tuvieron la decencia de ponerse en contacto con los familiares de las al menos diez personas que murieron mientras la falsa médica estaba a cargo. ¿De qué se hacen cargo?
Cualquier gobierno del mundo, cuando toma contacto con un escándalo de esta naturaleza, lo primero que hace es acercarse a las víctimas, acompañarlas, ponerse a disposición, mientras, paralelamente, investiga si, por ejemplo, hay otras víctimas de las que no se hayan enterado (como las miles de personas a las que Ojeda les habrá recetado fármacos que pudieron poner en riesgo su salud, o incluso pacientes que hubieran sido dañados psicológicamente). ¿Qué hizo el gobierno de Zdero? Dar la batalla cultural contra la oposición en los medios. Las víctimas, bien gracias.
La falta de empatía, el revanchismo permanente y la sorprendente incapacidad de gestión son la marca registrada de esta farsa. Pero hasta un mal gobierno puede sobreponerse cuando tiene capacidad política, algo de lo que estos impostores carecen. Por eso los voceros de la “operación pesada herencia” son un tuitero y un par de operadores judiciales con ínfulas de juristas.
El problema no son las “operetas” de la oposición; el problema es que la sociedad ya les picó el boleto (no lo digo yo, lo dicen las encuestas). Tiran piñas al aire a ver si aciertan alguna, pero en cualquier momento lo que van a tirar es la toalla.
Cristian Muriel
