El llamado incluye el uso de vías legales y diplomáticas, destacando informes que identifican funcionarios implicados en violaciones de derechos y en acciones represivas sostenidas dentro y fuera del país desde 2018
Las organizaciones opositoras nicaragüenses que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia solicitaron este miércoles a los Estados democráticos y a los organismos internacionales que utilicen sin dilaciones los mecanismos legales y diplomáticos a su alcance para actuar contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de violaciones graves a los derechos humanos y de mantener una sistemática persecución política desde abril de 2018, según informó la agencia de noticias EFE.
En su declaración, las agrupaciones opositoras resaltaron datos recopilados en el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, un equipo independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos, donde se documenta que al menos cincuenta y dos altos funcionarios, incluido el jefe de la Policía Nacional y el jefe del Ejército, han sido identificados como presuntos responsables de crímenes como asesinato, tortura, encarcelamiento arbitrario, desaparición forzada y persecución política persistente.
La represión transnacional y la destrucción del sistema judicial
El informe presentado el martes en Ginebra por el Grupo de Expertos de la ONU destacó la existencia de una red internacional de vigilancia e inteligencia al servicio del régimen, coordinada en parte por el cocanciller Valdrack Jaentschke. Según los especialistas, esta red busca intimidar y vigilar a cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero, mediante espionaje digital, el envío de agentes encubiertos y el uso instrumental de la organización policial internacional INTERPOL.
Las organizaciones opositoras señalaron que el régimen ha extendido la persecución a países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, España y Estados Unidos, creando una “red transnacional de inteligencia” con el objetivo de hostigar a la diáspora nicaragüense. Además, denunciaron que el sistema judicial nacional fue desmantelado y que la represión traspasó fronteras, utilizando recursos públicos para financiar operaciones de control y miedo.
Las agrupaciones también informaron que cuatrocientos cincuenta y dos nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad debido a su actividad política, en el marco de la política de represión sistemática detallada por los expertos.
Exigencia de justicia y apelación a la comunidad internacional
Las organizaciones enfatizaron que los delitos documentados “no prescriben y pueden ser perseguidos bajo el principio de justicia universal”, lo que permitiría llevar a los responsables ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tratados como la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. También mencionaron la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Penal Internacional debido a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen.
En el comunicado se advirtió que la comunidad internacional tiene una “responsabilidad subsidiaria de proteger a un pueblo indefenso y garantizar el respeto a los derechos humanos”, afirmando que, aunque los ciudadanos de Nicaragua lideran la búsqueda de justicia, se requiere acción global para asegurar la protección de la población.
El grupo de expertos recordó que las autoridades nicaragüenses no han cooperado con sus investigaciones. Luego del retiro del régimen de Ortega y Murillo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otras instituciones durante el último año, el acceso y el seguimiento a los casos se volvió todavía más limitado.
