Apenas diez días después de que el diputado Iván Gyöker deslizara un controvertido pero amenazante “Fuiste Gilda ja ja” contra el juez laboral Sergio Bosch en redes sociales, el legislador volvió a cruzar la puerta del Poder Judicial. Esta vez, su destino fue el acto de juramento de la nueva vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, Silvina Gómez, quien a partir de ahora será la máxima autoridad jerárquica de Bosch y tendrá en sus manos la última palabra provincial en el conflicto por el recorte salarial de los trabajadores del Ministerio de Producción, antes de una eventual revisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La presencia de Gyöker, uno de los hombres más cercanos al gobernador Leandro Zdero, no pasó inadvertida.
En el mismo escenario donde cinco ministros del STJ acompañaban la asunción de la nueva magistrada, el diputado oficialista se sentó al lado de la flamante magistrada y mostró atento, observando y, para muchos, midiendo a quien será clave en la resolución de fondo del caso que afecta a más de 800 trabajadores.
La pregunta que flota en el ambiente judicial y político es contundente: ¿a qué fue el diputado?.
El “Fuiste Gilda ja ja” dirigido a Bosch ya había encendido todas las alarmas. El Colegio de Abogados salió a repudiar enérgicamente lo que consideró un intento de intimidación a un magistrado en pleno ejercicio de sus funciones. Ahora, la reaparición de Gyöker en un ámbito netamente judicial, justo cuando se define la integración de la Cámara que revisará el caso, refuerza las sospechas de una estrategia orquestada desde el oficialismo para condicionar el Poder Judicial.
El gobierno de Zdero sabe que Bosch, quien ya mostró sensibilidad ante el drama de los trabajadores al reconocer que “hablamos de platos en la mesa”, podría fallar en favor de los empleados. Por eso, los ojos están puestos en Gómez: como integrante de la Cámara de alzada, será quien resuelva cualquier apelación, y su decisión será el paso previo a una eventual intervención del STJ. ¿Busca el Ejecutivo garantizar que la resolución final llegue a una instancia donde pueda tener mayor influencia?.
Más allá de las especulaciones, el episodio reinstala una serie de preguntas tan incómodas como necesarias: ¿existe en el Chaco una verdadera independencia de poderes? ¿Pueden los trabajadores, sean de Producción o de cualquier otro ámbito, sentirse resguardados por una Justicia imparcial cuando un diputado oficialista se permite hostigar a jueces en redes sociales y luego se pasea por sus actos sin que el gobernador salga a marcar límites?.
El silencio de Zdero sobre el tema hasta ahora es elocuente. Mientras los más de 800 trabajadores de Producción esperan justicia, la inquietud que sobrevuela cada despacho judicial es si podrán obtenerla sin presiones. Lo que está en juego no es solo un fallo: es la credibilidad del sistema republicano en la provincia.
