El conflicto entre el Gobierno y la prensa escaló porque el medio Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada. La presentación fue impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A. e incluye un pedido de medida cautelar innovativa para que la Justicia ordene levantar de inmediato el bloqueo mientras se sustancia el fondo del amparo.
El amparo busca restablecer el trabajo de Liliana Franco y Cecilia Camarano, dos cronistas históricamente acreditadas en Balcarce 50. El medio sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Los argumentos del amparo
El origen del conflicto se remonta al día anterior, cuando la Casa Militar, área encargada de la seguridad presidencial, procedió a dar de baja la huella digital y los permisos de ingreso de todos los periodistas acreditados sin previo aviso. El Gobierno justificó la medida como una acción preventiva de seguridad nacional vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra periodistas de TN que habrían filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes sin autorización. A partir de ese episodio, la restricción se extendió a la totalidad de la prensa acreditada.
Precisamente esa generalización de la sanción es el eje central del planteo judicial de Ámbito. El medio argumenta que, aun en el supuesto de que existiera una conducta irregular individual, no resulta razonable ni legal aplicar una prohibición indiscriminada a periodistas y medios que no están involucrados en la denuncia. El amparo apunta a la desproporción de la medida y a la ausencia de una resolución judicial que avale una restricción de semejante alcance sobre el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo.
La posición del Gobierno
Desde el Ejecutivo, en tanto, los funcionarios insisten en que la decisión no implica censura sino una medida transitoria mientras se revisan cámaras, pasillos y sistemas internos, aunque hasta el momento no se comunicó ningún plazo ni mecanismo claro para la restitución del acceso, lo que aceleró la judicialización del conflicto.
