Fernando Ojeda, periodista de TV Local, fue detenido ilegalmente por la Policía del gobierno de Leandro Zdero mientras intentaba realizar su trabajo y cubrir una nota periodística.
Gravísimo.
En democracia no se puede perseguir, intimidar ni detener a un periodista por informar. Lo que ocurrió no es un hecho menor: es un ataque directo contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a saber lo que pasa.
La Constitución Nacional es clara. El artículo 14 garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Además, el artículo 32 prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. No son frases decorativas: son garantías fundamentales de cualquier sistema democrático.
También los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional protegen estos derechos. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, incluyendo “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Del mismo modo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión.
Por eso, detener a un periodista mientras trabaja no solamente representa un abuso policial: representa una violación directa a principios constitucionales y democráticos básicos.
Mientras el gobierno provincial gasta millones en pauta oficial para construir un relato favorable y blindar mediáticamente su gestión, la Policía avanza contra quienes muestran la realidad que incomoda al poder.
Cada vez que un periodista es silenciado, amenazado, hostigado o detenido por hacer su trabajo, pierde toda la sociedad. Porque no se ataca solamente a una persona: se intenta disciplinar a todos los trabajadores de prensa y generar miedo para que nadie pregunte, investigue o muestre lo que el poder quiere ocultar.
El periodismo no tiene que pedir permiso para informar.
Y la Policía no puede actuar como fuerza de apriete político ni como herramienta de persecución contra quienes ejercen el derecho constitucional de comunicar.
La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas: es un derecho de toda la ciudadanía. Sin prensa libre no hay transparencia, no hay control social y no hay democracia plena.
Leandro Zdero tiene que dar explicaciones urgentes sobre el accionar policial, identificar a los responsables de esta detención arbitraria y garantizar que nunca más se persiga a trabajadores de prensa en el Chaco.
Porque cuando un gobierno le teme a las cámaras, a las preguntas y a la verdad, el problema no es el periodismo.
El problema es el poder.
