La Cámara Federal de Resistencia revocó el dictamen de la Comisión Médica Central de ANSES y declaró que un trabajador de 46 años tiene derecho al retiro por invalidez, aunque el porcentaje de incapacidad que le determinaron fue del 55,97%, inferior al 66% que exige la ley. “La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley”, señaló el tribunal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el dictamen de la Comisión Médica Central de ANSES y declaró que un trabajador de 46 años tiene derecho al retiro por invalidez, aunque el porcentaje de incapacidad que le determinaron fue del 55,97%, inferior al 66% que exige la ley.
El fallo, al que tuvo acceso LITIGIO, fue dictado el 8 de mayo y lleva las firmas de los jueces Rocío Alcalá, Enrique Bosch y Patricia García. El tribunal entendió que aplicar la norma de manera tan rígida sería injusto en este caso concreto y priorizó la situación particular del trabajador por encima del número frío que establece la legislación.
La sentencia aclaró que esta decisión es una excepción para situaciones particulares como esta y no significa que cualquier persona con un porcentaje menor al 66% pueda acceder automáticamente al beneficio. Con esta sentencia, la Justicia le devolvió al guardabarreras la posibilidad de jubilarse y, al mismo tiempo, evitó que se lo exponga a un riesgo innecesario o que ponga en peligro a terceros por sus limitaciones de salud.
El caso
El hombre se desempeñaba como guardabarreras en un ferrocarril, una tarea que requiere estar en óptimas condiciones físicas y mentales porque de ello depende la seguridad de las personas en los cruces de vías. Cuando solicitó el retiro por invalidez, ANSES le respondió que su incapacidad era del 41,15% y le negó el beneficio. El trabajador recurrió a la Justicia, y la Cámara Federal decidió enviarlo al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema para una evaluación más completa. Los peritos de la Corte determinaron que su incapacidad real alcanzaba el 55,97%, sumando una sordera irreversible en un oído y una pérdida auditiva severa en el otro, más una afección psiquiátrica que le genera desorientación y dificultad para concentrarse. Los médicos advirtieron además que el tratamiento psiquiátrico que necesita no puede costearlo porque no tiene obra social ni recursos económicos.
“La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley”
La Cámara Federal, al analizar el caso, sostuvo que la ley no puede aplicarse de manera automática cuando eso lleva a un resultado injusto. Los jueces afirmaron que “la aplicación mecánica de la norma privaría al peticionante de un beneficio de carácter alimentario sin razonabilidad suficiente”, y recordaron que “la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley”. En otras palabras, los jueces no solo deben mirar lo que dice el texto legal, sino también evaluar las consecuencias concretas de su decisión y asegurarse de que sea justa.
El tribunal puso especial énfasis en algo clave: no se trata solo del porcentaje de incapacidad física, sino de si esa persona puede o no volver a trabajar. En este caso, los jueces consideraron que sería “irrazonable” pretender que el hombre regrese a su puesto como guardabarreras, porque su sordera y sus problemas psiquiátricos lo inhabilitan para una tarea que exige máxima atención y que, si falla, puede provocar accidentes graves. Además, señalaron que el trabajador tiene 46 años, poca formación profesional y serias dificultades para conseguir otro empleo compatible con sus limitaciones. Por eso, concluyeron que aunque no llegue al 66% que pide la ley, igualmente merece el retiro por invalidez.
Como resultado, la Cámara Federal revocó el dictamen de ANSES, declaró que el trabajador está incapacitado a los fines previsionales y le dio a la administración nacional un plazo de 30 días para cumplir con la sentencia. Las costas del juicio se distribuyeron por su orden, es decir, cada parte paga las suyas, porque el tribunal entendió que tanto el trabajador como ANSES tenían argumentos razonables para sostener su posición y el caso generaba dudas legítimas.
REVISTA LITIGIO
