Cuando todo indicaba que sería el próximo imputado en la causa que investiga el uso de fondos municipales para la compra de instrumentos financieros no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, contrató al abogado Juan Arregin, quien en 2025 había denunciado al fiscal Marcelo Soto ante el Consejo de la Magistratura. Así, recusó al fiscal, quién se inhibió de continuar al frente de la causa. No fue la única maniobra de las últimas horas que arroja incertidumbre sobre la continuidad de la causa que estremece al poder saenzpeñense.
Cuando todo indicaba que el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, sería el próximo imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el uso de fondos municipales para inversiones no garantizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, lo que provocó millonarias pérdidas al erario municipal, en los últimos días el jefe comunal sáenzpeñense activó una eficaz maniobra con la que este miércoles logró apartar de la investigación al fiscal Marcelo Soto.
Es que Cipolini nombró como abogado defensor del Municipio al mediático Juan Arregin, quien, casualmente, había denunciado previamente al fiscal Soto ante el Consejo de la Magistratura, lo que el funcionario del Ministerio Público Fiscal consideró una causal que justificaba su inhibición para continuar instruyendo la causa que puso en vilo a la gestión Cipolini. En la resolución de inhibición firmada este miércoles, a la que tuvo acceso LITIGIO, el fiscal se limitó a citar artículos del Código Procesal Penal del Chaco y teorías sobre la imparcialidad de los magistrados para aceptar su apartamiento.
Días atrás, Soto había imputado al secretario de Gobierno y mano derecha del intendente Cipolini, Diego Landriscina, como presunto autor de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos, todos en concurso ideal.
Según la imputación fiscal, Landriscina utilizó fondos públicos municipales para adquirir cheques de pago diferido en el segmento no garantizado librados por el empresario agropecuario Rubén Medula y la empresa correntina Estancia Real SRL, por un monto que superaba los 1.800 millones de pesos, “los cuales no contaban con ningún tipo de aval que garantice su cobro, poniendo así en riesgo el erario municipal”.
Pero el apartamiento del fiscal Soto no es la única medida en el camino de conducir la causa a un callejón sin salida. Antes de conocerse la inhibición de Soto, el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, hizo trascender una polémica resolución a través de la cual nombró a la fiscal de la Cámara del Crimen Nº 2 de Sáenz Peña, Andrea Verónica Bastos, para intervenir de manera conjunta en la investigación. De un modo para nada sutil, el jefe de los fiscales pretendía controlar de cerca el accionar de Soto, que encendió todas las alarmas del poder sáenzpeñense con la imputación de Landriscina.
En otro paso de la trama que busca garantizar la impunidad en la causa, el Municipio también intenta apartar como querellante al diputado provincial Santiago Pérez Pons, principal impulsor de la investigación y quien ha venido divulgando públicamente los pormenores de la investigación que pone en jaque a la dinastía Cipolini.
¿Camino de impunidad?
Tras inhibirse, el fiscal Soto remitió la causa a la Fiscalía Nº 4, a cargo del fiscal Gustavo Valero, quien deberá resolver si asume competencia en la investigación o eleva el caso ante el Procurador General para que resuelva quien debe continuar con la causa que desde principios de este año viene provocando un verdadero tembladeral político que salpica a lo más alto del poder político sáenzpeñense.
Una de las especulaciones que circuló en los pasillos de los tribunales de la Ciudad Termal es que la causa finalmente recaerá en la Fiscalía Nº 1, a cargo del polémico fiscal provisorio César Collado, cercano al clan Cipolini, quien movió sus influencias para frizar el concurso para la designación de fiscal titular en la Fiscalía Nº 1, luego de que el propio Collado quedara eliminado del proceso de selección.
En concreto, fue la presidenta del Colegio de Abogados de Sáenz Peña y funcionaria de la Municipalidad al mando de Cipolini, Florencia Avila Arkwright, la que instó a sus colegas del Consejo de la Magistratura del Chaco para que no votaran a ninguno de los tres candidatos que llegaron a la instancia final y así dejar desierto el concurso para la Fiscalía Nº1, para que un hombre de confianza de los Cipolini siga ocupando el cargo aun sin haber superado el concurso tras flagrantes deficiencias técnicas demostradas en su examen.
REVISTA LITIGIO
