El ataque ocurrió en una de las principales rutas del sudoeste del país y dejó dos heridos leves. El nuevo presidente puso fin al diálogo con los grupos armados y ordenó trasladar a 117 presos a cárceles de máxima seguridad.
Un ataque con explosivos destruyó este sábado un peaje ubicado sobre la ruta Panamericana, en el sudoeste de Colombia, apenas un día después de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente y en medio de las primeras medidas de su gobierno para endurecer la política de seguridad frente a los grupos armados.
La explosión tuvo lugar en el peaje de Mandiva, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. El Ejército colombiano informó que dos vigilantes que estaban en el lugar sufrieron heridas leves.
Uno de ellos relató que una persona abandonó un auto en el lugar y escapó en una moto. Poco después ocurrió la detonación, que provocó importantes daños en la infraestructura.
Las primeras hipótesis de las autoridades señalan como posibles responsables a las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, pertenecientes a las disidencias de las FARC que quedaron al margen del acuerdo de paz firmado en 2016. Sin embargo, hasta el momento, no informaron de manera oficial quién ordenó el ataque.
Militares y equipos especializados, acompañados por perros entrenados para detectar explosivos, desplegaron un operativo en los alrededores para determinar si habían sido colocados otros artefactos.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, calificó lo ocurrido como un “atentado terrorista” y afirmó que el Gobierno trabaja para recuperar la circulación sobre la Panamericana. “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones”, sostuvo.
El ataque ocurrió pocas horas después de que De la Espriella inaugurara una nueva etapa en la estrategia de seguridad colombiana. Durante su primer discurso como mandatario, afirmó que los grupos ilegales deberán elegir entre “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública” y dio por terminada la política de diálogo impulsada durante la presidencia de Gustavo Petro. “La opción del diálogo está completamente agotada”, aseguró el mandatario.
El nuevo gobierno también dispuso el traslado de 117 presos vinculados a los procesos de paz de la administración anterior. Los detenidos fueron derivados a ocho cárceles de máxima seguridad ubicadas en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que el objetivo es impedir que organizaciones criminales puedan coordinar operaciones desde los establecimientos penitenciarios.
De la Espriella anticipó además que el combate contra el narcotráfico será uno de los ejes centrales de su gestión. Entre sus planes figura retomar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante herbicidas que, según aseguró, cumplirán con las exigencias de la Corte Constitucional y no provocarán daños ambientales ni sanitarios.
El giro en materia de seguridad contará además con respaldo de Estados Unidos. Washington anunció su intención de destinar US$1000 millones a un paquete de asistencia económica y de seguridad para el nuevo gobierno colombiano.
