Mientras barrios enteros padecen cortes de agua y vecinos hacen fila para conseguir un balde, crecen los cuestionamientos sobre el funcionamiento de SAMEEP, la estructura interna de la empresa y las decisiones tomadas por el Gobierno provincial. La pregunta ya no es solamente cuándo volverá el agua: es qué hicieron con una empresa que debería garantizar un servicio esencial.
La crisis de SAMEEP dejó de ser una discusión técnica para convertirse en un problema político.
Cuando una familia abre la canilla y no sale agua, poco importa qué explicación aparece en el comunicado oficial. Cuando un vecino tiene que hacer una fila para conseguir un balde, la discusión deja de ser sobre estadísticas y pasa a ser sobre dignidad.
Y cuando el problema se repite una y otra vez, aparece una pregunta inevitable:
¿Estamos frente a problemas inevitables de infraestructura o frente a una gestión que no está funcionando?
En los últimos días circularon explicaciones sobre roturas, fallas eléctricas y distintos inconvenientes técnicos. Pero trabajadores con años de experiencia dentro de SAMEEP plantean otra mirada y cuestionan que algunos episodios hayan sido utilizados como explicación suficiente para justificar interrupciones prolongadas del servicio.
Uno de los testimonios recogidos para esta columna sostiene que determinadas fallas atribuidas a animales o a problemas puntuales deberían ser analizadas técnicamente antes de convertirse en la explicación pública de una crisis que afecta a miles de usuarios.
Si existen dudas, hay una manera sencilla de resolverlas:
auditoría, informes técnicos y transparencia.
No hace falta propaganda. Hace falta información.
UNA EMPRESA CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que los problemas de SAMEEP comenzaron con el gobierno de Leandro Zdero.
La empresa arrastra desde hace años dificultades financieras, operativas y de infraestructura. Distintas gestiones pasaron por el poder y ninguna logró resolver definitivamente sus problemas estructurales.
Pero reconocer el pasado no significa otorgarle un cheque en blanco al presente.
Lo que hoy se discute es si la actual administración provincial está agravando una situación que ya era delicada.
Trabajadores con larga trayectoria dentro de la empresa cuestionan la distribución de los recursos humanos, las estructuras jerárquicas y las prioridades adoptadas desde la llegada de la nueva gestión.
También señalan diferencias salariales y una supuesta pérdida de personal especializado que podría terminar afectando la capacidad operativa.
Todo esto debería ser auditado.
Porque si una empresa tiene dificultades para prestar un servicio esencial, la primera obligación del Estado es saber exactamente cuántas personas trabajan, qué funciones cumplen, cuánto se paga en salarios jerárquicos, cuánto se destina a mantenimiento y cuántos recursos llegan efectivamente a las cuadrillas que salen a resolver los problemas en la calle.
¿REESTRUCTURACIÓN O DESMANTELAMIENTO?
El Gobierno provincial habla de reorganización.
Los críticos hablan de debilitamiento.
Entre ambas versiones hay una empresa pública que debe seguir funcionando.
Y ahí está el verdadero problema.
Si SAMEEP necesita ser reestructurada, que se haga.
Si existen áreas superpuestas, que se eliminen.
Si existen cargos innecesarios, que se expliquen.
Si faltan técnicos, ingenieros y operarios, que se incorporen.
Pero una cosa es ordenar una empresa y otra muy diferente es permitir que pierda progresivamente su capacidad para cumplir la función para la cual fue creada.
SAMEEP no puede ser una caja política. Pero tampoco puede convertirse en una empresa deliberadamente debilitada para después presentar su privatización como única salida posible.
EL AGUA NO PUEDE SER UN NEGOCIO PARA POCOS
La discusión sobre SAMEEP inevitablemente lleva a otro debate: ¿privatización o empresa pública?
La respuesta no debería ser ideológica.
Debería ser práctica.
El agua potable es un derecho y un servicio esencial. Cualquier modelo de gestión debe garantizar que llegue también a quienes no representan un negocio rentable.
Porque una empresa privada puede buscar eficiencia y rentabilidad.
El Estado, en cambio, tiene una obligación adicional:
garantizar la universalidad del servicio.
Una familia de un barrio humilde necesita exactamente lo mismo que una familia de mayores ingresos cuando abre la canilla.
Por eso, antes de hablar de privatización, concesiones o negocios millonarios, hay que hablar de eficiencia, inversiones, controles y planificación.
UNA PLANTA MILLONARIA QUE TAMBIÉN GENERA PREGUNTAS
Otro de los puntos que merece una explicación pública es el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del área metropolitana.
Si una infraestructura que demandó una inversión multimillonaria no funciona a plena capacidad, la sociedad tiene derecho a saber por qué.
¿Cuánto cuesta ponerla en funcionamiento?
¿Qué sectores están operativos?
¿Qué mantenimiento necesita?
¿Quién es responsable de garantizar su funcionamiento?
¿Dónde terminan actualmente los residuos que deberían recibir tratamiento?
Son preguntas demasiado importantes como para responderlas con silencio.
Porque acá no solamente hablamos de agua potable.
También hablamos del ambiente, del río Paraná y de la salud de millones de personas.
EL GOBIERNO DEBE DAR RESPUESTAS
El gobernador Leandro Zdero recibió una provincia con problemas.
Eso es cierto.
Pero gobernar significa hacerse cargo de esos problemas.
No alcanza con señalar lo que hicieron mal las administraciones anteriores.
No alcanza con anunciar obras.
No alcanza con explicar cada corte mediante una nueva falla técnica.
La gente necesita abrir la canilla y tener agua.
Ese es el resultado que importa.
Y si el Gobierno considera que SAMEEP necesita una transformación profunda, que presente un plan completo, con números, inversiones, objetivos y plazos.
Que explique cuánto cuesta mantener la empresa.
Que informe cuánto se recauda.
Que detalle la estructura de personal.
Que publique las inversiones realizadas.
Que explique qué obras están funcionando y cuáles están paralizadas.
Y que permita que la sociedad controle.
Porque la transparencia no se declama: se demuestra.
CLARO COMO EL AGUA
SAMEEP necesita una profunda discusión.
No una pelea partidaria.
No una campaña de desprestigio.
No una defensa automática.
Necesita una auditoría integral, una reorganización seria, inversión sostenida y trabajadores con condiciones dignas para cumplir su tarea.
Y necesita algo todavía más importante:
un Gobierno que entienda que el agua no es un lujo, no es una mercancía electoral y mucho menos una herramienta política.
Es un servicio esencial.
Mientras tanto, cada vecino que hace fila con un balde está dando una imagen mucho más poderosa que cualquier discurso oficial.
Porque cuando una ciudad tiene que hacer cola para conseguir agua potable, la crisis ya no necesita explicación.
SE VE. SE SIENTE. Y SE SUFRE.
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