Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo Adjunto de la Provincia calculó una deuda impaga de $6,49 billones y detectó fuertes diferencias entre distritos. José C. Paz, Presidente Perón y Florencio Varela encabezan el ranking.
Más de 1,8 millones de bonaerenses están en mora y acumulan deudas impagas por $6,49 billones, de acuerdo a un relevamiento elaborado por el defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello. El estudio ubicó el promedio provincial en 20,17%, aunque encontró diferencias de más de 17 puntos porcentuales entre los distritos analizados.
José C. Paz quedó al frente del ranking, con una mora monetaria de 32,86%, seguido muy de cerca por Presidente Perón, con el 32,73%, y Florencio Varela, con el 32,48%. También por encima del 30% se ubicó Malvinas Argentinas, con el 31,34%, mientras que San Vicente alcanzó el 29,92%.
Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui completaron los diez distritos con los mayores niveles de endeudados registrados por el informe. En el otro extremo, La Plata presentó el porcentaje más bajo entre los municipios para los que la Defensoría pudo recuperar información, con el 15,61%.
“Cuando uno mira la Provincia como un bloque, ve un número que no le sirve a nadie para trabajar. Cuando la mira municipio por municipio, aparece el problema real: hay distritos del conurbano donde el sistema de crédito dejó de funcionar como herramienta y pasó a funcionar como trampa”, advirtió Martello.
El endeudamiento crece entre los más jóvenes
El deterioro registrado en Buenos Aires forma parte de un fenómeno que alcanza al resto del país. La tasa de mora nacional llegó al 17,4% en junio y prácticamente se duplicó entre los menores de 25 años, grupo en el que alcanzó el 36,84%, de acuerdo con los datos reunidos en el documento.
A fines de 2025, el Banco Central había registrado alrededor de 6,7 millones de personas que mantenían simultáneamente préstamos con entidades financieras y financiamiento otorgado por proveedores no financieros. A esa expansión se sumaron durante ese año 2 millones de nuevos deudores digitales y, según el relevamiento, el 80% ya tenía otra deuda antes de ingresar a esos canales.
El documento vincula ese mayor recurso al crédito con la evolución de los ingresos y los principales gastos de los hogares. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el salario privado registrado aumentó 35,2%, mientras que el costo de vida en el Gran Buenos Aires acumuló una suba de 40,8%.
La diferencia fue todavía mayor en algunos de los rubros que concentran buena parte del presupuesto familiar. En ese período, los alquileres aumentaron 70,9%, vivienda y servicios avanzaron 50,4% y los alimentos subieron 45,1%. Según el análisis, esa pérdida de poder de compra llevó a que parte del financiamiento dejara de utilizarse únicamente para consumos extraordinarios y comenzara a cubrir gastos corrientes que los ingresos ya no alcanzan a afrontar.
Morosidad dispar en la provincia
La diferencia entre José C. Paz y La Plata alcanza los 17,25 puntos porcentuales, pese a que ambos distritos están alcanzados por las mismas reglas generales del sistema financiero. El análisis de la Defensoría plantea que el lugar de residencia se convirtió en una variable relevante para medir el deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
El informe también considera insuficiente el promedio provincial del 20,17% para diseñar políticas de prevención porque la concentración de los problemas de pago cambia de un municipio a otro y puede superponerse con otras condiciones de vulnerabilidad económica.
Martello sostuvo que contar con información desagregada permitiría intervenir antes de que los compromisos asumidos dejen de ser manejables para las familias. “Necesitamos la base abierta por municipio y por edad para poder actuar antes de que la deuda se vuelva impagable, no después”, afirmó.
La propuesta es construir una matriz para los 135 municipios bonaerenses que combine cantidad de deudores, personas en mora, deuda por habitante, composición por edad y Necesidades Básicas Insatisfechas. Sobre esa información, el documento plantea desarrollar un Índice Municipal de Vulnerabilidad Financiera para detectar dónde coinciden el deterioro crediticio y problemas económicos estructurales.
