El oficialismo chaqueño reclamó información sobre los vehículos de la Municipalidad de General San Martín tras el accidente protagonizado por el diputado nacional del PJ Aldo Leiva. El contraste surge con la negativa del Gobierno de Zdero a entregar datos sobre su propia flota oficial, bajo el argumento de que podría afectar la “seguridad”. La diferencia de criterios vuelve a poner bajo la lupa cómo se aplica el principio de acceso a la información pública según quién administra los bienes estatales.
Un notable ejemplo del doble estándar con que se maneja el zderismo se produjo este miércoles en la Legislatura provincial. Es que el bloque oficialista aprobó un pedido de informes para que la Municipalidad de General San Martín detalle su parque automotor, luego del accidente protagonizado por el diputado nacional justicialista Aldo Leiva. El contraste aparece al revisar otro episodio reciente: cuando LITIGIO pidió información sobre los vehículos oficiales de la Administración Provincial, el Gobierno de Leandro Zdero se negó a entregar datos y argumentó que hacerlo podía afectar la “seguridad” del personal y de los bienes estatales.
La iniciativa aprobada en la sesión ordinaria de este miércoles fue impulsada por el diputado Iván Gyöker, de Chaco Puede, y apunta a obtener información actualizada y detallada sobre el parque automotor de la comuna gobernada por Mauro Leiva, hijo del legislador nacional y exintendente de General San Martín.
El pedido surgió luego del siniestro vial ocurrido el sábado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1019, cuando Aldo Leiva protagonizó un choque mientras conducía un Toyota Camry modelo 2013. La presentación busca determinar si ese vehículo forma parte del patrimonio municipal y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones se encuentra afectado al legislador. La coincidencia de marca, modelo y año con un vehículo que figura en registros patrimoniales del municipio no permite por sí sola afirmar que se trate de la misma unidad: precisamente ese es uno de los puntos que el oficialismo pretende esclarecer.
El pedido también alcanza a otro automóvil: un Toyota Etios modelo 2014 que, según documentación citada en el proyecto, aparece registrado con destino a un “diputado provincial”, referencia vinculada al legislador Rubén Guillón. Los legisladores pretenden conocer el destino actual de ambas unidades, quiénes las utilizan, quién afronta los gastos de combustible y mantenimiento y qué seguros tienen contratados.
Durante el tratamiento del proyecto, Gyöker sostuvo que el Estado “no tiene por qué ser una pyme familiar” y planteó que el pedido busca “esclarecer, aclarar y dar certeza a la ciudadanía”. Guillón, por su parte, acompañó la iniciativa y reclamó que exista “transparencia absoluta” sobre la información que surja del relevamiento. El planteo resulta particularmente llamativo cuando se lo contrasta con la respuesta que recibió este medio de la propia administración provincial.
“Seguridad”
El pasado 28 de mayo, LITIGIO presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Subsecretaría de Modernización del Estado para conocer el parque automotor de la Administración Pública Provincial. El requerimiento incluía los dominios, tipo de vehículo, cantidad de unidades y dependencia a la que se encontraba asignada cada una.
La respuesta llegó casi tres meses después y fue firmada por José Sebastián Ranz, a cargo de la Dirección General de Gestión de Bienes. El organismo rechazó entregar los datos solicitados y argumentó que la divulgación de esa información podía comprometer la “seguridad” del personal y del patrimonio estatal. La negativa alcanzó incluso información general como la cantidad de vehículos, el tipo de unidad y las dependencias a las que están asignados.
Según la respuesta oficial, los dominios constituirían “identificadores únicos” que podrían vincular los vehículos con operativos sensibles, funciones de seguridad, tareas de inspección o desplazamientos de personal. Por esa razón, sostuvo que la divulgación irrestricta de esos datos podía poner en riesgo la integridad física del personal y la preservación de los bienes públicos.
El argumento plantea una diferencia de criterio difícil de pasar por alto: mientras los diputados oficialistas consideran necesario conocer dominio, destino, gastos, mantenimiento y seguros de vehículos pertenecientes a un municipio administrado por un espacio político opositor, el Gobierno provincial sostiene que brindar información equivalente sobre sus propios vehículos puede afectar la seguridad estatal.
La cuestión de fondo es el acceso a la información sobre bienes que pertenecen al Estado. En el caso provincial, la Dirección General de Gestión de Bienes invocó principios vinculados con el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la seguridad para justificar la negativa.
Sin embargo, la respuesta no identificó qué vehículos concretos estarían alcanzados por tareas sensibles ni explicó por qué la totalidad de la información solicitada debía quedar fuera del conocimiento público. Tampoco entregó datos generales que no necesariamente permitirían individualizar unidades vinculadas con tareas de seguridad, como la cantidad total de vehículos o su distribución por organismos.
El contraste se vuelve todavía más evidente porque el propio pedido de Gyöker reclama información sobre aspectos que exceden la mera identificación de los vehículos municipales: también pretende conocer quiénes los utilizan, qué gastos generan, quién paga el combustible, cómo se financia el mantenimiento y qué seguros tienen contratados. Es decir, exactamente el tipo de información que permite controlar cómo se utilizan los bienes públicos.
REVISTA LITIGIO
