La crisis de la industria metalúrgica de Córdoba empieza a ofrecer una nueva línea de confrontación entre Martín Llaryora y Javier Milei. La caída de la actividad y del empleo golpea a la economía cordobesa, pero el problema político es más profundo para la Casa Rosada: el deterioro industrial pone en discusión los efectos de la recesión, la apertura de importaciones y el rumbo económico que impulsa el Presidente.
En ese escenario, y a pocos meses de las elecciones en las que buscará su reelección, el gobernador busca jugar en dos frentes. Por un lado, intenta amortiguar las consecuencias de la crisis sobre el entramado productivo provincial.
Por el otro, encuentra en la situación industrial argumentos para diferenciarse de Milei y sostener que Córdoba necesita una política activa de promoción de inversiones, innovación y empleo. La respuesta central de la Provincia es un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo.
La iniciativa, impulsada por Llaryora y el ministro de Producción, Fernando Sibilla, unifica los regímenes de promoción industrial vigentes y establece nuevos incentivos fiscales y herramientas para estimular la actividad. El oficialismo provincial espera que la Legislatura la apruebe en noviembre.Los datos del sector metalúrgico explican la urgencia.
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Según las cifras difundidas por la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, la producción cayó 9,5% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Quince de las 18 ramas relevadas registraron retrocesos.
En julio, el empleo formal del sector se ubicó en 37.510 puestos, unos 2.121 menos que un año antes. La fabricación de maquinaria agrícola mostró una contracción todavía más pronunciada, del 29,1%.Fuentes oficiales admiten a LPO que la cadena de valor enfrenta “un mercado interno contraído y una mayor competencia de productos importados”.
Son condiciones que “exceden la capacidad de intervención” de un gobierno provincial y que ubican la política económica nacional en el centro de la discusión. Para Llaryora, esa distinción es políticamente relevante.
La caída industrial puede afectar la recaudación, el empleo y la actividad de Córdoba, pero no necesariamente lo coloca en la misma posición que al Gobierno nacional frente al malestar económico. Si la crisis se profundiza, los libertarios deberán responder por los resultados de un programa que tiene en la estabilización que ya lleva tres años y con resultados ambiguos.
La nueva ley busca traducir esa tensión política y arrebatarle a la oposición el discurso de la motosierra impositiva. El proyecto contempla exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante diez años para las inversiones que cumplan los requisitos establecidos. Para determinados proyectos radicados en zonas del noroeste y sur provincial y en parques industriales, prevé beneficios extendidos de hasta quince años.
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La propuesta incluye herramientas de financiamiento a través del Banco de Córdoba y busca simplificar el acceso a los beneficios que hoy se encuentran distribuidos en distintas normas.En los fundamentos, el Ejecutivo provincial plantea la necesidad de consolidar un marco jurídico uniforme que dé “previsibilidad a las inversiones y facilite el desarrollo tecnológico, la competitividad y la generación de empleo privado”.
El texto también apunta a fortalecer las cadenas de valor, promover las exportaciones y distribuir de manera más equilibrada el desarrollo industrial en el territorio cordobés.En paralelo, Córdoba prepara una ofensiva política en el Congreso para extender la ley de autopartes, un régimen que busca equilibrar las condiciones de competencia entre los componentes producidos localmente y los importados.
Para la provincia, la discusión es especialmente relevante por el peso de la industria automotriz y de su red de proveedores.La defensa del régimen de autopartes abre un terreno concreto de disputa con la orientación económica nacional: mientras el Gobierno de Milei impulsa una mayor apertura comercial, Córdoba quiere preservar herramientas que sostengan la integración local de la cadena automotriz.
La extensión de la ley no depende de la Legislatura provincial, sino de una negociación en el Congreso.Pese a la situación, el Gobierno cordobés proyecta inversiones industriales por unos 1.000 millones de dólares durante los próximos meses. Una parte de esos desembolsos corresponde a proyectos que estaban previstos desde hace tiempo, entre ellos inversiones de Stellantis para la fabricación de un nuevo motor.
La estrategia de Llaryora combina incentivos provinciales, defensa de instrumentos nacionales de protección de la industria y una diferenciación política frente a Milei. Para el oficialismo nacional, el desafío es distinto: evitar que la caída de la producción y el empleo se consolide como una de las principales facturas sociales de su programa.
En todo caso, el esfuerzo será hacer responsable a Llaryora de la presión impositiva a la industria. El gobernador deberá demostrar que su política industrial puede sostener empresas y puestos de trabajo aun en un contexto adverso.
