El Gobierno llega a su primer año recuperando la iniciativa política tras meses de desgaste que pusieron a prueba su capacidad de gestión. Ahora encara una nueva etapa con desafíos pendientes
A las puertas de cumplir su primer año de gestión, el Gobierno de Rodrigo Paz encontró una bocanada de aire en medio del desgaste. Después de meses marcados por escándalos que golpearon su reputación y desplomaron su imagen en las mediciones de escucha digital, los movimientos en la estructura judicial y la reconfiguración de las fuerzas de poder le devolvieron algo que parecía perdido: la capacidad de mando.
Paz, un político con larga trayectoria pero poco conocido a nivel nacional, se presentó en las elecciones como un actor de renovación y de centro, y logró imponerse en la primera vuelta con un partido político prestado y un candidato a vicepresidente popular en redes sociales por su discurso antisistema. Luego venció en el balotaje al expresidente Jorge Quiroga y su victoria supuso el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó con holgura durante casi 20 años, pero dejó al país prácticamente en la quiebra.
Rodrigo Paz asumió la administración de un país en llamas el 8 de noviembre de 2025, con desafíos tan grandes como las expectativas: garantizar el abastecimiento de combustible en un contexto de crisis y sin disponibilidad de divisas, con las reservas internacionales en mínimos históricos y sin posibilidad de generar grandes inversiones en el corto plazo.
Aunque la gestión de Paz no ha dado el giro radical que muchos esperaban, sus principales hitos se concentran en el ámbito económico y de seguridad. El balance, sin embargo, se ve empañado por una serie de escándalos que llevaron al Gobierno a sus niveles más bajos de aprobación.
Los analistas consultados por Infobae destacan como acciones positivas la captura de Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región, pero lamentan que el caso haya quedado opacado por irregularidades en el manejo de sus bienes incautados. También se valoran los dos ajustes económicos más trascendentales de su gestión: la nueva política de régimen cambiario flexible y el fin de la subvención a los combustibles, que hace tiempo era insostenible.
“El Gobierno ha tomado medidas en la reestructuración macroeconómica. No porque haya estado en su plan de Gobierno, sino porque el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional así exigía: retirar el tipo de cambio fijo, la subvención parcial a la gasolina y la subvención total del diésel que ya se ha establecido”, explicó la politóloga Natalia Aparicio.
A estas acciones se suman algunos ajustes impositivos y el acceso a nuevos créditos internacionales, entre ellos el del FMI, que, si bien han aumentado la liquidez en el país, han sembrado dudas sobre la sostenibilidad de una deuda externa que no para de crecer.
Sin embargo, las medidas económicas que le han permitido al Gobierno ganar cierto margen de maniobra no han conseguido revertir el desgaste acumulado durante el año. El primer episodio que golpeó su reputación tiene que ver con la distribución de gasolina de mala calidad —bautizada popularmente como “gasolina basura”— que dañó miles de motores en los primeros meses del año, justo semanas después de que el precio del combustible se hubiera duplicado tras la modificación al esquema de subvención.
La administración de Paz ofreció una serie de versiones distintas y contradictorias para justificar un problema que nunca se aclaró. Se militarizaron plantas de refinamiento, se incorporaron aditivos al combustible, se creó un seguro de compensación para los usuarios afectados, se destituyó a funcionarios de alto rango y se intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A nueve meses de las primeras denuncias, aún no se conoce el daño económico que generó este caso; no se explicaron las fallas que permitieron la distribución del combustible dañado ni se identificaron a los responsables.
El malestar generado por la crisis de la gasolina terminó alimentando un conflicto social en el que varios sectores protagonizaron, entre mayo y junio, un bloqueo de caminos que se prolongó durante casi 50 días para exigir la renuncia del presidente.
Campesinos del altiplano, sindicatos obreros y los cocaleros comandados por el expresidente Evo Morales (2006-2019) confluyeron en presionar al Gobierno para forzar su renuncia con una medida radical que provocó desabastecimiento de alimentos e insumos básicos en algunas regiones, y generó pérdidas económicas millonarias.
El Gobierno logró capear esa tormenta y, pese a la insistencia de las clases medias para poner “mano dura”, logró desarticular la movilización con diálogo y acuerdos sectoriales que fueron sellados con un estado de excepción que prohíbe hasta fin de año los bloqueos.
A pesar de la neutralización de ese conflicto, la noche para el Gobierno estaría lejos de terminar. El 17 de agosto, una mujer fue baleada por dos sicarios en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra y tras sobrevivir al ataque, acusó al asesor principal del presidente de haber orquestado el crimen para silenciarla por intereses políticos: Fernando Cerimedo, el consultor argentino de 45 años que tenía antecedentes penales y acusaciones de desinformación en otros países de la región, aparecía públicamente en la escena local.
Lo que sucedió desde entonces ha generado una tempestad en la credibilidad del Gobierno. La sobreviviente del ataque, una operadora política llamada Nadia Beller, denunció infinitos casos de corrupción y manejo irregular del poder que involucran incluso a la familia del presidente Paz.
Sus denuncias adquirieron un mayor peso político con la filtración de grabaciones de llamadas telefónicas atribuidas a Cerimedo con ministros, jefes policiales, el propio presidente Paz y su esposa, entre otras autoridades. Desde el 31 de agosto hasta la publicación de esta nota, se difundieron 13 registros.
En los audios, que fueron verificados por agencias independientes de fact-checking, se habla sobre tensiones en el gabinete, negociados y pugnas por cargos públicos, entre otros asuntos.
El analista Andrés Gómez sostuvo, en un artículo publicado por Brújula Digital, que los audios revelan “la posible existencia de un poder informal que operaba cerca del núcleo más íntimo del gobierno” y que fueron un golpe para su credibilidad, porque se comenzó a “percibir al presidente como alguien condicionado por Cerimedo, y a asociar a su esposa con un supuesto esquema de corrupción”.
El Gobierno, reacio a dar explicaciones sobre el contenido de las grabaciones o encarar acciones institucionales, ha cuestionado su difusión y ha ironizado con las llamadas: “Parece ciencia ficción, falta que estén los Power Rangers”, dijo Mauricio Zamora, el ministro de mayor confianza de Paz y presunto interlocutor de Cerimedo.
El caso que involucra al exasesor de Paz también desató una disputa de poder atravesada por el narcotráfico. Con la trama abierta y sus ramificaciones extendiéndose por distintos niveles del ámbito político y judicial, las dimensiones de esta pugna todavía son difíciles de ver con nitidez.
Cerimedo fue detenido preventivamente acusado de tentativa de feminicidio, mientras la Fiscalía lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Semanas después, el Departamento de Estado de Estados Unidos, aliado de Paz en el Escudo de las Américas, difundió una lista de funcionarios y exautoridades a las que revocó la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico. La decisión precedió a la caída del poderoso fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señalado por presuntamente liderar una red de protección institucional al crimen organizado.
“El Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”, afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, en conferencia de prensa.
La siguiente pieza en caer sería el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien la semana pasada se declaró en el exilio y acusó al Gobierno de persecución política. La administración de Paz retrucó exponiendo denuncias de narcotráfico y organización criminal en su contra.
Para el analista y consultor político Carlos Saavedra, el país está atravesando una “guerra de poderes” en la que “la descabezada del poder judicial ha cambiado el escenario de correlación de fuerzas” en favor del Ejecutivo.
Ese cambio en el tablero político se refleja en las mediciones de escucha digital que le han permitido al Gobierno un repunte de aprobación: pasó del 19% en septiembre, cuando estalló el caso Cerimedo y se liberó la subvención del diésel, al 38% a inicios de noviembre, según datos de Social Rank recopilados y difundidos por Aparicio.
Sin embargo, el golpe a la justicia, la institución con peor reputación en el país según las encuestas, difícilmente se puede traducir en un apoyo sostenido al Gobierno. “El nuevo repunte le da estabilidad, pero muy frágil; es un globo flotando sobre agujas”, señaló Aparicio.
Los analistas ven que en este nuevo escenario el Gobierno ha tenido un giro hacia el autoritarismo y la polarización, y una escena ilustra esa observación. Después de la captura de Mariaca, el ministro de Gobierno advirtió en una conferencia de prensa: “O están con la ley, con el desarrollo de nuestra patria y con la convivencia pacífica entre los bolivianos, o están con el delito, con el narcoterrorismo y otro tipo de delitos de lesa humanidad”. Blanco o negro.
Para Saavedra, “obviamente hay medidas que tienen un tinte de mayor ejercicio de poder, a veces rayando o por encima del marco legal”, pero sostiene que “son rasgos característicos de cómo funciona Bolivia”.
El segundo año de gestión se perfila como un camino empinado. El exdirector del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, considera que todavía hay varios asuntos pendientes, entre ellos la presentación de leyes estructurales en sectores como minería, hidrocarburos e inversiones, anunciadas desde hace meses pero que aún no se concretan. A ello se suman la designación de embajadores, el restablecimiento de la presencia diplomática del país en el exterior y el rumbo de la política internacional.
A las dificultades de gestión se agregan las expectativas que el propio Paz alimentó durante la campaña. Para los analistas, algunas de sus promesas fueron “sobredimensionadas” y hoy representan uno de los puntos más vulnerables de su Gobierno, como la redistribución del 50% de los ingresos fiscales entre las regiones.
Para Saavedra, la redistribución de recursos puede convertirse en uno de los principales focos de conflicto político durante el segundo año. “La Justicia, como rival del poder central, está prácticamente derrotada, pero creo que va a surgir otro rival al poder establecido que va a venir desde las regiones. Una de las deudas centrales es profundizar el modelo de descentralización de recursos que había prometido el presidente”, explicó.
Pero los desafíos, advierte Valverde, van más allá de las promesas incumplidas o de las disputas entre el Gobierno central y las regiones. A su juicio, las dificultades del país tienen raíces más profundas y están relacionadas con la fragilidad de su sistema político. “En el fondo, los bolivianos estamos pagando la factura de no tener estructuras políticas; en un país pequeño en población deberíamos tener partidos bien organizados y liderazgos capaces de conducir al país”, sostuvo.
En medio de las fragilidades del sistema político y tras un primer año turbulento, Rodrigo Paz todavía tiene cuatro años para terminar de construir su legado. La forma en que ejerza el poder definirá su lugar en la historia.
