A un año del veredicto del jurado popular, el fiscal de Cámara Juan Martín Bogado analizó en Radio Libertad los recursos presentados por las defensas de los condenados y explicó qué debe revisar el Superior Tribunal de Justicia. También fue consultado por la denuncia de Marcela Acuña sobre presuntas amenazas en la Alcaidía de Mujeres, aunque aseguró que no estaba al tanto de esa situación.
A un año del veredicto que declaró culpables a los integrantes del clan Sena y a otros acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , la causa atraviesa una nueva instancia judicial. Las defensas presentaron recursos para cuestionar las condenas y ahora el Superior Tribunal de Justicia del Chaco debe analizar los planteos.
El fiscal de Cámara Juan Martín Bogado , quien intervino en el proceso, se refirió a las impugnaciones durante una entrevista con Radio Libertad. Sostuvo que los cuestionamientos de las defensas no lo sorprendieron, ya que —según recordó— fueron anticipados durante las distintas etapas del juicio. “Fue un juicio plenamente justo y legítimo”, afirmó, al defender el desarrollo del debate y la actuación del jurado popular.
Qué cuestionan las defensas de los condenados
Bogado explicó que no había leído en detalle los recursos presentados, aunque señaló que conocía varios de los argumentos que las defensas habían planteado durante las audiencias preliminares.
Entre los principales cuestionamientos mencionó la supuesta falta de imparcialidad del jurado popular. Según explicó, las defensas habían sostenido que la opinión pública podía condicionar a los integrantes del jurado y, por ese motivo, pretendían que el juicio se realizara en otra localidad de la provincia.
También anticipó que los planteos apuntarían a cuestionar el proceso de selección del jurado y distintos aspectos del desarrollo del debate. El fiscal recordó que antes del juicio se realizaron 39 audiencias preliminares , en las que las partes tuvieron la posibilidad de discutir cuestiones vinculadas con las pruebas y dejar planteadas sus objeciones.
Para Bogado, la revisión de una condena dictada por un jurado popular requiere demostrar circunstancias concretas que justifiquen dejarla sin efecto. En ese sentido, mencionó como ejemplos que se pruebe que alguno de los jurados fue amenazado, condicionado o recibió dinero para votar de determinada manera. “En el juicio se discuten los hechos y esto ocurrió plenamente dentro de los límites legales”, sostuvo.
Qué puede resolver el Superior Tribunal de Justicia
El fiscal aclaró que los recursos ya superaron el primer filtro de admisibilidad formal y que ahora corresponde analizar los cuestionamientos de fondo.
En esta etapa, el Superior Tribunal de Justicia debe revisar los argumentos de las defensas y las actuaciones del proceso. Para hacerlo, según explicó Bogado, los magistrados deben examinar las grabaciones de las audiencias, lo que implica una revisión extensa del debate.
Por ese motivo, señaló que no existe un plazo específico para resolver y que el trámite puede demorar. Como referencia, mencionó que tuvo causas en las que la revisión ante el máximo tribunal provincial llevó alrededor de un año.
También indicó que, según su conocimiento, no existen antecedentes en Chaco de que el Superior Tribunal haya dejado sin efecto una sentencia dictada por un jurado popular . Sin embargo, diferenció esa situación de los planteos vinculados con el monto de las penas. Recordó que hubo casos en los que el tribunal hizo lugar a cuestionamientos sobre la sanción impuesta y ordenó dictar una nueva pena, sin modificar la declaración de culpabilidad.
Los planteos sobre la prisión perpetua
Otro de los argumentos que, según Bogado, aparecen en los recursos está relacionado con la constitucionalidad de la prisión perpetua .
El fiscal explicó que algunas defensas sostienen que esa pena contradice los objetivos de resocialización y que ninguna persona debería morir en prisión. Frente a esos planteos, señaló que la legislación contempla mecanismos para acceder a beneficios una vez cumplidos los plazos y requisitos correspondientes. En ese marco, consideró que buena parte de las impugnaciones son cuestionamientos técnicos que buscan revisar una condena que, desde su perspectiva, fue legítima.
La denuncia de Marcela Acuña por presuntas amenazas en la cárcel
Durante la entrevista, Bogado también fue consultado por la situación de Marcela Acuña , condenada en la causa Cecilia, quien habría denunciado amenazas de muerte por parte de otras internas y solicitado un cambio de pabellón en la Alcaidía de Mujeres del Chaco.
El planteo se conoció en medio de un conflicto en el establecimiento penitenciario, luego del traslado de una interna cuya permanencia en el penal había sido defendida por Acuña. Según la información difundida sobre el caso, la condenada también habría iniciado una huelga de hambre y presentado un hábeas corpus correctivo para denunciar las condiciones de detención.
Consultado sobre el tema y la intervención del Comité de Prevención contra la Tortura, el fiscal aseguró que no tenía conocimiento de esos reclamos. “Ya no es mi injerencia”, respondió Bogado, y explicó que, si Acuña realizó una denuncia por presuntas vulneraciones de sus derechos, corresponde que intervenga un fiscal de Derechos Humanos , encargado de investigar y verificar la veracidad de las acusaciones.
De esta manera, el fiscal se refirió a los dos escenarios que atraviesa actualmente la causa: por un lado, la revisión judicial de las condenas dictadas por el jurado popular y, por otro, los reclamos sobre las condiciones de detención de una de las condenadas.
