La Defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, se refirió a la reciente puesta en funcionamiento de la Defensoría Pública de las Víctimas, encabezada por Jessica Ayala, quien juró el lunes en Resistencia. Explicó el origen de la nueva figura, su alcance y los desafíos que enfrenta el sistema.
Según detalló, la creación de esta defensoría está directamente vinculada a un caso emblemático: el asesinato de Amanda Ancaje, ocurrido hace más de 30 años en la provincia. La falta de respuestas judiciales llevó a la familia a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se alcanzó un acuerdo conciliatorio con el Estado argentino. Entre los compromisos asumidos, se incluyó la creación de defensorías específicas para víctimas de delitos.
“Fue la propia familia la que impulsó esta herramienta. Canalizaron un dolor enorme en una mejora institucional para toda la provincia”, destacó Alcalá, quien valoró especialmente que no hayan priorizado reparaciones económicas sino transformaciones estructurales.
La ley que dio origen a la Defensoría de Víctimas fue sancionada en 2021 y prevé la creación de una en cada circunscripción judicial. Sin embargo, por ahora solo comenzó a funcionar la sede en Resistencia, mientras se proyecta su extensión al resto del territorio provincial.
Representación de víctimas
Alcalá explicó que la nueva dependencia tendrá como función principal representar a víctimas de delitos de cierta gravedad, actuando como querellantes en el proceso penal si así lo solicitan. “No va a intervenir en todos los casos, porque hay delitos menores que pueden resolverse por vías alternativas como la mediación o la conciliación”, aclaró en declaraciones a NG Federal.
En cuanto a su estructura, la defensoría contará inicialmente con un equipo interdisciplinario reducido: profesionales en psicología y trabajo social, una secretaría y personal administrativo. Los concursos para cubrir estos cargos ya se encuentran en marcha.
La defensora general también remarcó que el Ministerio Público de la Defensa ya venía asumiendo, de hecho, la asistencia a víctimas desde 2017, a partir de una resolución interna que buscó dar respuesta a sectores en situación de vulnerabilidad. “Fue un cambio de paradigma: defensores formados para asistir imputados pasaron también a acompañar a víctimas”, señaló.
Al hacer un balance de la última década, Alcalá destacó avances en el Ministerio Público de la Defensa, que este año cumple diez años de funcionamiento formal como órgano autónomo, tras su separación de la Procuración General. “Se dejó atrás una defensa más formal y de escritorio, para avanzar hacia un modelo más cercano a la gente”, afirmó.
En ese marco, también mencionó la reciente apertura de nuevas asesorías para niños, niñas y adolescentes en Resistencia y Sáenz Peña, aunque reconoció que aún persisten déficits estructurales, como la falta de cargos y la necesidad de crear una defensoría especializada en narcomenudeo en el interior provincial.
