El Ejecutivo avanzará con más de una decena de compañías estatales en transporte, energía y servicios para fortalecer reservas y reducir el peso del Estado.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, definió una hoja de ruta de privatizaciones para 2026 que incluye más de una decena de empresas públicas de sectores estratégicos como transporte, energía, medios y servicios, con el objetivo de robustecer las reservas, atraer capital privado y reducir el tamaño del Estado.
La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, paso previo indispensable para su venta total o parcial, y se apoya en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que eliminó prerrogativas públicas y equiparó estas firmas con el sector privado.
Transporte y ferrocarriles, el eje central del plan
Uno de los focos principales estará puesto en el sistema ferroviario y la infraestructura logística. El Ejecutivo avanzará con la privatización de Administración de Infraestructura Ferroviaria, Operadora Ferroviaria, Ferrocarriles Argentinos SAU, Administración General de Puertos y Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
También figura Intercargo, empresa de servicios aeroportuarios que ya despertó interés de un grupo francés. Y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), clave en el control del tráfico aéreo.
Energía, agua y sectores estratégicos
En el área energética, el Gobierno tiene en carpeta la privatización de Enarsa, Transener y las represas hidroeléctricas. Además de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
A su vez, aparece AYSA, la empresa que brinda servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Uno de los activos más relevantes del paquete por su volumen operativo y financiero.
Medios públicos, industria y servicios
El listado incluye además a Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos, Edu.Ar, Casa de Moneda y Fabricaciones Militares. Se trata de compañías que el oficialismo considera deficitarias o innecesarias bajo gestión estatal directa.
Según el criterio del Ejecutivo, la apertura al capital privado permitirá mejorar eficiencia, reducir costos fiscales y cortar con estructuras históricamente utilizadas con fines políticos.
