Horror en Honduras: detuvieron a un guardia de 78 años por presunto abuso sexual infantil

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Un hecho estremecedor sacudió a la ciudad de El Progreso, Yoro: la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvo a un guardia de seguridad de 78 años, acusado de haber abusado sexualmente de una nena de cinco años.

La captura se produjo en la colonia Covitral, luego de varios días de tareas de inteligencia y vigilancia. El hombre, originario de Olancho y residente en la colonia Berlín, quedó a disposición de la Justicia tras una orden emitida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso.

Según el reporte oficial, el ataque ocurrió cuando la madre de la víctima atendía su negocio y la niña se alejó unos metros para jugar. En ese momento, el guardia habría aprovechado para realizar un abuso sin acceso carnal en sus partes íntimas.

El ataque ocurrió cuando la madre de la víctima atendía su negocio y la niña se alejó unos metros para jugar. (Foto: Gentileza DPI)
El ataque ocurrió cuando la madre de la víctima atendía su negocio y la niña se alejó unos metros para jugar. (Foto: Gentileza DPI)

La denuncia fue inmediata: la madre acudió a la policía y permitió que la DPI recolectara pruebas testificales y periciales clave para avanzar en la causa. Tras la detención, los agentes le leyeron los derechos constitucionales al acusado y lo trasladaron al Ministerio Público, donde se iniciará el proceso penal para determinar su responsabilidad.

Un drama que se repite: cifras alarmantes de violencia sexual en Honduras

El caso de Yoro no es aislado. La violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras es una problemática crítica y persistente, según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos.

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) informó que en 2025 el Ministerio Público recibió 3.350 denuncias por violencia sexual contra mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911) reportó 3.233 llamadas relacionadas con delitos sexuales, un aumento respecto a 2024.

La DPI también registró un fuerte incremento en las detenciones: 401 personas fueron arrestadas por delitos sexuales en los primeros siete meses de 2025, lo que representa un 41,2% más que el año anterior. Entre los detenidos hay 12 menores de edad y varios reincidentes. Los departamentos con mayor cantidad de capturas son Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Lempira e Islas de la Bahía.

Las víctimas: niñas y adolescentes en el centro de la violencia

El 62% de las víctimas de violencia sexual en Honduras son menores de edad, según el CDM. La Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas del INE reveló que 24 de cada 100 mujeres han sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida.

Sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncian: nueve de cada diez mujeres callan por miedo, desconfianza o normalización social. Esto genera un subregistro preocupante y deja a muchas víctimas sin acceso a la justicia ni a la reparación.

Impunidad y falta de respuestas: solo el 35% de los casos llega a condena

El sistema judicial hondureño muestra graves falencias. En 2024, de los 854 casos de violencia sexual ingresados en los juzgados, solo 298 obtuvieron sentencia condenatoria (el 35% del total). Más de la mitad de estas condenas fueron por violación.

Esto significa que la mayoría de los casos no logran avanzar en el sistema de justicia, dejando a las víctimas sin una resolución efectiva.

Llamado urgente a denunciar y proteger a la niñez

La DPI y organizaciones de derechos humanos insisten en la importancia de denunciar cualquier hecho de abuso sexual. El número 911 está habilitado para recibir denuncias anónimas y confidenciales.

Especialistas y referentes sociales remarcan la necesidad de fortalecer la prevención, la atención integral y la protección de niñas y adolescentes, así como garantizar el acceso a la justicia y a servicios de apoyo psicológico y médico especializados.

El caso de Yoro vuelve a poner en primer plano las vulnerabilidades que enfrentan las niñas en Honduras y la urgencia de una respuesta estatal efectiva para erradicar la violencia sexual y asegurar entornos seguros para la infancia.

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