El Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia dictó este viernes una medida cautelar innovativa que ordena al gobierno del Chaco y al municipio capitalino que de manera conjunta provean de al menos 100 litros diarios por familia, con una frecuencia no inferior a tres veces por semana. Además, ordenó que en el plazo de 30 días hábiles se realice un relevamiento integral e inmediato del barrio Ex Campo Zampa y las condiciones de acceso al agua potable de las familias que allí habitan. Mil hogares esperan una solución a una crisis que viene de hace años.
El titular del juzgado Civil y Comercial N° 21, Julián Flores, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar innovativa que obliga a SAMEEP, al Poder Ejecutivo Provincial, a la Municipalidad de Resistencia, a la Administración Provincial del Agua (APA) y al Ministerio de Infraestructura a garantizar el acceso inmediato a agua apta para el consumo humano en el Barrio Ex Campo Zampa, habitado por aproximadamente mil familias.
La acción fue impulsada por 182 vecinos del barrio bajo el patrocinio de Juan Pablo Núñez, quienes denunciaron condiciones de extrema precariedad. Sin conexiones formales a la red, los habitantes dependen de mangueras a cielo abierto expuestas a contaminación o de camiones cisterna con frecuencias irregulares. “Antes el servicio era deficiente, pero había. Hoy directamente no hay, o no se puede consumir”, describen desde el barrio.
En la sentencia firmada este viernes, a la que tuvo acceso LITIGIO, Flores valoró como prueba central un informe del Laboratorio Central de Aguas de Corrientes, que acredita que las muestras tomadas en el barrio no cumplen con los parámetros del Código Alimentario Argentino. El agua presentaba turbiedad, sedimentos y signos de contaminación, con consecuencias sanitarias concretas: los vecinos reportan problemas gastrointestinales y afecciones en la piel, especialmente en niños y adultos mayores.
Ante la ausencia de red, las familias deben comprar bidones de 20 litros a $2.000 cada uno. Para una familia tipo, eso representa un gasto mensual estimado de $1.500.000, una cifra que excede ampliamente los ingresos del sector.
El cuadro se agrava con el abandono de obras: un proyecto de conexiones de agua con más de 133 millones de pesos asignados registra apenas un 22,1% de avance físico, mientras que otras obras en la misma zona —como las eléctricas— se ejecutaron al 100%.
Lo que ordena el fallo
El juez Flores calificó de “insuficiente” la logística de SAMEEP, que cuenta con solo cuatro camiones de 10.000 litros para abastecer a todo el Gran Resistencia. La resolución ordena proveer un mínimo de 100 litros de agua potable por familia al día, con una frecuencia de al menos tres veces por semana. Las autoridades tienen 48 horas para arbitrar los medios necesarios desde su notificación, y deberán realizar un censo poblacional en un plazo de 30 días para identificar las necesidades reales de cada sector del barrio.
El caso no es aislado. Según la diputada provincial del Frente Chaqueño Pía Cavana, quien acompañó el proceso de organización comunitaria, más de 100.000 personas en el área metropolitana están afectadas por la falta de suministro o la incertidumbre sobre la calidad del agua disponible. “Hay familias que no tienen agua y otras que se están enfermando con la que reciben. Eso ya no es solo un problema de infraestructura, es un problema sanitario”, sostuvo la legisladora.
En paralelo a la acción judicial, se impulsó la campaña “Barrios del Sur”, orientada a visibilizar la situación mediante muestras reales de agua recolectadas en los barrios, intervenciones urbanas y testimonios de las familias afectadas.
En sus fundamentos, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema y organismos internacionales, reafirmando que el acceso al agua es un “derecho humano fundamental y esencial para la vida”. La medida tiene carácter provisional hasta que se resuelva el amparo principal, buscando evitar que el tiempo del proceso se traduzca en un daño irreparable para la salud de los vecinos.
