Se publicó en el Boletín Oficial la ley aprobada por el Congreso para cerrar el litigio con los holdouts. El Tesoro debe definir cuándo hará efectivo el pago.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la ley que aprobó el Congreso para cerrar un acuerdo económico con los bonistas que todavía sostenían litigios internacionales contra la Argentina por el default de 2001.
El Poder Legislativo aprobó dos acuerdos: uno con el fondo Bainbridge y otro con un grupo de varios fondos encabezados por Attestor Master. Sin embargo, en el Boletín oficial solamente se publicó el anexo publicado correspondiente al entendimiento con el primero de esos acreedores.
Según ese texto, la Argentina le pagará US$67 millones a Bainbridge. Tras el cierre y el pago, el fondo renuncia y libera al país de toda obligación, reclamo o derecho vinculado a la sentencia, los bonos y los litigios, aceptando el pago como cancelación total de capital, intereses y demás.
Con respecto al acuerdo con Attestor, las versiones indicaban que el país abonará US$104 millones, pero el texto final del acuerdo no se difundió públicamente. El Tesoro todavía debe definir los tiempos del pago, que se imputarán en las cuentas públicas como “Servicios de la deuda”.
El acuerdo con estos grupo de bonistas que no entraron a ningún canje de deuda, conocidos como holdouts, resuelve definitivamente un conflicto que se arrastra desde la crisis de comienzos de siglo. Si bien quedan inversores individuales que tienen bonos en default por US$2000 millones, por el momento no tienen el poder de presión que sí poseían estos grandes fondos litigantes.
Aunque el Gobierno logró despejar el frente judicial con los holdouts, la Argentina enfrenta litigios pendientes en el exterior que suman aproximadamente US$10.000 millones.
Caso Cupón PBI
El cambio de fórmula para calcular el crecimiento económico, que gatillaba el pago de estos títulos, generó reclamos judiciales en Londres y Estados Unidos. Por la versión en euros, la Justicia británica condenó a la Argentina y ya no quedan instancias legales. El país debe negociar para hacer frente a un pago cercano a US$1800 millones, luego de que se ejecutara parte de la garantía depositada.
En paralelo, hay demandas activas por US$3500 millones en Estados Unidos por la versión en dólares. Sin embargo, Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, explicó que este litigio tiene posibilidades de extenderse a más casos y que, si todo sale como los acreedores pretenden, podrían significar un riesgo legal de hasta US$9000 millones.
Expropiación de Aerolíneas Argentinas
Otro expediente sensible es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en el que el fondo Titan Consortium tiene un fallo firme del CIADI que condena al país. Como este organismo no tiene fuerza para ejecutar la sentencia por US$390 millones, los demandantes pidieron el reconocimiento del laudo en Washington. La Argentina hizo una presentación en sentido contrario y todavía se encuentra pendiente de resolución.
Las causas en el CIADI
Justamente el CIADI concentra varios casos contra el país. Más allá de los casos de larga data, el fondo Burford, que financió el litigio por la expropiación de YPF, ya avisó que también recurrirá al CIADI para intentar revertir el fallo adverso que obtuvo en segunda instancia. En paralelo, también hará su apelación en la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque aclaró que ese recurso tiene pocas chances de prosperar.
