El organismo anticorrupción dio por concluido el Juicio de Residencia a Marta Soneira por su paso al frente del Instituto de Colonización entre 2019 y 2022, sin denuncias ni observaciones patrimoniales. La resolución, sin embargo, deja expresamente a salvo cualquier otra actuación administrativa o judicial que pueda alcanzarla.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco dio por concluido el Juicio de Residencia correspondiente a la gestión de Marta Elena Soneira al frente del Instituto de Colonización, cargo que ocupó entre el 10 de diciembre de 2019 y el 15 de febrero de 2022. La resolución, firmada por el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón el 9 de junio, no encontró denuncias, observaciones patrimoniales ni elementos que ameriten sanción, y remitió el expediente a la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Cámara de Diputados para su control político institucional.
El cierre administrativo llega, sin embargo, en un contexto que la propia resolución no menciona pero que atraviesa el expediente: Soneira acumula dos causas judiciales federales vinculadas al manejo de tierras fiscales durante los años en que presidió el Instituto de Colonización.
Mecanismo de rendición de cuentas
El Juicio de Residencia, instituido por la Ley 2325-A (antes Ley 7602), obliga a todo funcionario público a rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto y de la evolución de su patrimonio personal una vez concluido el mandato. El procedimiento se sustancia en tres instancias: la FIA lleva adelante el trámite administrativo, el Tribunal de Cuentas ejerce el control contable presupuestario y la Cámara de Diputados —a través de su Comisión de Seguimiento— reserva para sí el control político institucional.
La ley habilita a la ciudadanía a presentar denuncias sobre el desempeño del funcionario saliente en un plazo de sesenta días, y solo a partir de esas denuncias, o de las declaraciones juradas e informes de ejecución presupuestaria que el propio funcionario debe presentar, la Fiscalía puede avanzar hacia sanciones que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación por dos años. En el caso de Soneira, no se recibió ninguna denuncia dentro del plazo legal, y la exfuncionaria presentó su documentación fuera de término —recién en agosto de 2025—, aunque la FIA igualmente le dio curso “en miras a garantizar la rendición de cuentas”.
Qué revisó la Fiscalía
Según pudo saber LITIGIO, el expediente reconstruye la ejecución presupuestaria del Instituto de Colonización durante la gestión de Soneira a través de los reportes del Sistema de Administración Financiera y Control correspondientes a los ejercicios 2019 a 2022, y una rendición de cuentas del ejercicio 2020 —la única con movimiento de fondos relevante, según consta en la Resolución N°7 del Tribunal de Cuentas, que la aprobó sin observaciones— con ingresos por 267,9 millones de pesos y egresos por 243,8 millones. El propio Tribunal de Cuentas, a través de su Fiscalía N°17, concluyó en diciembre de 2025 que la gestión de Soneira no registra ejercicios pendientes de rendición y que, por lo tanto, ni siquiera correspondía la emisión de un informe técnico específico.
En cuanto a la evolución patrimonial, el informe del contador de la Fiscalía, Damián Romano, cruzó datos del Registro Nacional de Buques, el Registro de la Propiedad Automotor y el Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco. No se detectaron embarcaciones ni inconsistencias relevantes: la funcionaria mantuvo un automotor registrado, coincidente con lo declarado, y dos inmuebles en Resistencia. El informe atribuye una diferencia cuantitativa detectada en el patrimonio declarado a un cambio en el criterio de valuación sobre un mismo bien mueble registrable entre el inicio y el fin de la gestión, sin observar irregularidades de fondo.
La incompatibilidad
Entre los antecedentes que la FIA relevó para este expediente aparece un dato que conecta con las causas judiciales en curso: la Resolución N°2582/22, dictada a partir de una consulta sobre la incompatibilidad de Soneira para ejercer simultáneamente la presidencia del Instituto de Colonización y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.
Esa doble función, que la propia Fiscalía de Investigaciones Administrativas había declarado incompatible, es hoy uno de los ejes centrales de un pedido de procesamiento formulado por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, quien sostiene que Soneira utilizó esa superposición de cargos para intervenir en la adjudicación de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a favor de socios comerciales de su esposo, Mauricio Cian, a precios de entre el 1% y el 3% de su valor de mercado. El fiscal pidió también el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich por el mismo hecho.
Un segundo expediente
A esa causa se suma otra. El titular del Juzgado Federal N°2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, procesó en abril a Soneira junto a otros trece imputados —entre ellos Ramón “Tito” López, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, su grupo familiar y los empresarios Walter y Diego Brua— por la adjudicación y posterior venta irregular de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales del departamento Güemes, otorgadas bajo la fachada de fines sociales y productivos a integrantes del entorno de López.
En esa resolución, que además dispuso un embargo de 100 millones de pesos para cada procesado, Soneira quedó imputada junto a otros extitulares del Instituto de Colonización —Raúl John Paris, Walter Hugo Ferreyra y Cinthia Noemí Kaplan— por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusados de haber facilitado la entrega de los campos sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. El propio López fue condenado en mayo a diez años de prisión por lavado de activos en el marco de esa misma trama.
Un archivo administrativo
La propia resolución de la FIA se encarga de aclarar que sus conclusiones “no invalidan medidas administrativas y/o judiciales que pudieran involucrar a la funcionaria saliente”, una salvedad que cobra particular relevancia frente a los dos procesos penales en curso.
El Juicio de Residencia evaluó exclusivamente el cumplimiento formal de las obligaciones de rendición de cuentas y la evolución patrimonial declarada por Soneira durante su gestión al frente del Instituto, un universo de revisión mucho más acotado que el que investiga la Justicia federal en ambos expedientes, centrados en la trama de adjudicaciones irregulares de tierras fiscales.
REVISTA LITIGIO
