En un movimiento que podría catalogarse como inusual, el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva distribuyó esta semana un comunicado de prensa con detalles minuciosos sobre los allanamientos que fuerzas federales ejecutaron esta semana en el Chaco en el marco de la causa que involucra al intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, y a la Bolsa de Comercio por supuestas inversiones financieras y pérdidas multimillonarias.
Desde Nación le pusieron nombre y apellido al expediente y fueron más allá: ya hablan de “presunto lavado de activos y desvío de fondos públicos”, dos califiaciones de las que hasta ahora no se había casi mencionado a nivel local.
La gacetilla, enviada a algunos medios de prensa puntuales y luego publicada en la web oficial www.argentina.gob.ar/noticias/, revela información hasta ahora inédita: los procedimientos estuvieron a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, por orden del Juzgado Federal 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Se detalla que se allanaron ocho inmuebles en Resistencia, Sáenz Peña y Charata, y se secuestraron tres notebooks, varios discos rígidos, ocho teléfonos celulares y documentación contable. Además, se precisa que la investigación se inició por una denuncia en la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, y que se detectaron “indicios sobre desvíos de fondos públicos desde el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de un funcionario de dicha cartera, en activos financieros de bolsa vinculados a empresas del sector agrario”.
Lo llamativo es que el gobierno nacional brinda un nivel de detalle que habitualmente se reserva para los expedientes judiciales, y lo hace justo cuando el escándalo salpica a un intendente que, pese a ser radical, ha manifestado su apoyo a La Libertad Avanza y forma parte de la alianza que llevó a Leandro Zdero a la gobernación. Cipolini es uno de los principales socios políticos del mandatario provincial, y ambos han expresado sintonía con las políticas de Javier Milei.
La pregunta que surge en los corrillos políticos es si esta exposición pública de la información responde a una estrategia deliberada del gobierno nacional para despegarse de un caso que podría tornarse tóxico, o si se trata de un mensaje velado hacia Zdero y su espacio, en medio de tensiones internas por el manejo de la causa.
Hay quienes interpretan que la Casa Rosada busca forzar su faceta combativa contra la corrupción, incluso si eso implica dejar en evidencia a aliados incómodos.
Hasta el momento, se mantiene un silencio cada vez más grande en el oficialismo provincial sobre el megaescándalo Sáenz Peña mientras la oposición ya reclama que se investigue también el posible conocimiento del gobernador sobre las maniobras.
Lo cierto es que la filtración de información sensible desde el Ministerio de Seguridad marca un antes y un después en la cobertura del escándalo, y deja al descubierto que, en la grieta interna del oficialismo, la transparencia puede ser un arma de doble filo.
