Seis profesionales del IMCIF obtuvieron un amparo para no trabajar fines de semana ni feriados en reclamo de horas extras. La Fiscalía investiga presuntos delitos de “abandono de persona” y “obstrucción a la justicia” tras la negativa de atender a una menor víctima de violación.
Una severa crisis institucional sacude los cimientos del Poder Judicial de Chaco. Lo que comenzó como un reclamo salarial por parte de médicos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) escaló este jueves al plano penal, luego de que la negativa de una profesional a realizar peritajes críticos durante el último fin de semana derivara en una denuncia formal por parte de la Procuración General.
El conflicto se centra en seis de los nueve médicos de la planta del IMCIF, quienes exigen el pago de horas extras pese a percibir salarios que rondan los 5 millones de pesos y contar con el beneficio de la profesión liberada. El grupo logró recientemente un amparo favorable dictado por el juez Julián Flores (Juzgado Civil y Comercial N° 21), el cual los exime de prestar servicios en días no laborables hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resuelva la cuestión de fondo.
Un caso sensible como detonante
La tensión alcanzó su punto máximo el pasado fin de semana cuando la fiscal Mariana Echarri convocó a la médica de turno para aplicar el protocolo UFEM a una niña de 12 años, quien ingresó al Hospital Perrando con un embarazo avanzado producto de un abuso.
Según consta en los registros judiciales, la profesional rechazó la intervención amparándose en la medida judicial vigente. La misma postura mantuvo ante el pedido de una autopsia por un homicidio. La situación generó indignación en los pasillos de Tribunales, especialmente al contrastarse con la actitud de una médica genetista que, bajo las mismas condiciones de guardia, cumplió con la toma de muestras en menos de 30 minutos.
Consecuencias penales e informes
Ante la gravedad de los hechos, la Procuración General impulsó una investigación para determinar si la conducta de la médica encuadra en los delitos de:
Abandono de personas.
Violación de los deberes de funcionario público.
Obstrucción a la justicia.
La causa recayó en la Fiscalía N° 10, bajo la tutela de la Dra. Lilian Irala. En paralelo, el STJ solicitó a la dirección del IMCIF un informe exhaustivo sobre lo ocurrido.
Alerta institucional
El malestar en la cúpula judicial no es solo administrativo. Existe una profunda preocupación por el precedente que esta medida de fuerza podría sentar. Fuentes calificadas advierten sobre el riesgo de un “efecto dominó”: si los equipos fiscales o el personal de seguridad adoptaran una postura similar, el servicio de justicia quedaría virtualmente paralizado durante los fines de semana, dejando a la sociedad en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a delitos graves.
Dato Clave: Los médicos involucrados perciben ingresos aproximados de $4.500.000 y están habilitados para ejercer la medicina privada fuera de sus horarios de servicio en el Poder Judicial.
